n varias ocasiones los medios españoles han contado la historia de cómo monjas que trabajaban en hospitales de Madrid y otras ciudades, en colusión con algunos médicos, apartaban de su madre a recién nacidos para entregarlos en adopción a familias que pagaban por ello. Entre las monjas famosas acusadas del delito de robo de infantes destacan sor María, de la clínica San Ramón, en Madrid, y sor Pilar, de la Casa Cuna de Vigo.

Como el número de bebés robados en esas circunstancias era considerable, en febrero de 2013 el ministro español de justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, inauguró una oficina de atención a los afectados. Su principal herramienta de trabajo: una gran base de datos con la información que aporten los hijos, hermanos y padres que buscan a los bebés robados (fechas y lugar del parto, médicos que intervinieron, etcétera) y sus perfiles genéticos para intentar propiciar reencuentros. De esa manera se evita que los afectados tengan que acudir a distintas instancias administrativas para recabar la información básica.

Además, representantes legales de más de 20 asociaciones de afectados demandaron al Ministerio de Justicia apoyo para acceder a los archivos en poder de la Iglesia católica, pues la mayoría de los casos denunciados ocurrieron en centros privados en los que trabajaban monjas. La Iglesia enmudeció.

Como en los regímenes militares del Cono Sur, durante la dictadura franquista se dieron en adopción bebés de madres republicanas o comunistas presas o fusiladas para acabar con el gen rojo. Mas, por el contubernio de Franco con la Iglesia, era imposible la existencia de organizaciones como las Madres de la Plaza de Mayo, de Argentina.

Uno de esos bebés robados vive en Yucatán y hace 15 años descubrió no ser hija biológica de quienes creía eran sus padres. Nació en Madrid en 1968 y fue registrada en esa ciudad por sus padres reales como María Diana Ortiz Ramírez. En México, los adoptivos, Nazario Ceballos y Ligia Franco (nieta del ex gobernador de Yucatán Agustín Franco Villanueva), luego de reclamarla en Madrid, la inscribieron en el registro civil de Mérida como si hubiera nacido en esta ciudad, con el nombre de Ligia Ceballos Franco.

En la operación de adopción en México estuvieron implicados el citado ex gobernador y el arzobispo de Yucatán, Fernando Ruiz; en España, el Opus Dei y autoridades madrileñas. Con enorme valor, Ligia Ceballos Franco, licenciada en comunicación, logró desandar los pasos de su vida y denunció recientemente en la Procuraduría General de la República haber sido robada en España cuando era recién nacida.

Aunque tarde, esperamos que se haga justicia y no quede impune esta confabulación de autoridades civiles y eclesiásticas de México y España.