El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados expresó que si bien no hay un plazo para aprobar una ley de seguridad interior, existe la voluntad de sacarla cuanto antes.

El coordinador priísta, César Camacho Quiroz, consideró peligroso que no exista un marco jurídico que delimite la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, mientras que el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, sostuvo que mientras los gobiernos estatales están echados en la hamaca, la decisión de aprobar la ley corre del lado del PRI.

En el Senado, el priísta Jorge Toledo Luis presentó a la mesa directiva una propuesta para que se exhorte a la Cámara de Diputados a que se dictamine a la brevedad el proyecto para expedir la ley de seguridad interior

En el documento argumenta que es urgente aprobar esa legislación para dar el marco legal requerido por las fuerzas armadas y continuar el combate al crimen organizado.

Por su parte, el diputado Camacho Quiroz sostuvo que la Comisión de Gobernación trabaja muy cerca del Senado, y la Junta de Coordinación Política recibirá el próximo miércoles a tres gobernadores de diferente origen partidario –de Guerrero, Tamaulipas y Michoacán– y un día después a los presidentes de las asociaciones de alcaldes del país.

No hay un plazo que hayamos establecido, ni en la Junta de Coordinación Política y hasta donde entiendo, tampoco en la comisión, pero sí la voluntad de sacarlo cuanto antes, sin que la prisa pueda llevarnos a correr el riesgo de las imprecisiones o de dejar de escuchar puntos de vista que son importantes para completar un tema tan complejo como la seguridad interior, recalcó.

Insistió en que la ley tiene que lograr eficacia en el combate al crimen organizado y siempre garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Jorge Ramos, expuso que la ley de seguridad interior debe generar consensos: Me parece que más que buscar alianzas parciales debe hablarse de un consenso que incluso rebase al propio Congreso. Hay asociaciones civiles, hay entidades empresariales que tienen dudas importantes con relación a la afectación de derechos humanos y procedimientos a utilizar por parte del Ejército.

El panista agregó que quienes dictaminan deben tener claridad de que primero hay que garantizar una reforma para que las autoridades civiles asuman la responsabilidad que originalmente es de ellos, para que el Ejército progresivamente se pueda retirar.

El panista reprochó a los priístas por no dictaminar la ley de seguridad interior y contradecir el voto unánime que le dio la minuta en el Senado.

En tanto, el coordinador de los senadores del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett, presentó ante el pleno de esa cámara una iniciativa para reformar la Constitución, a fin de que el Ejército no pueda realizar tareas policiacas y deba regresar a sus cuarteles en un plazo de tres meses.

Expuso en tribuna que no debe aprobarse la ley de seguridad interior que se discute en San Lázaro, porque llevará a la militarización del país y recalcó que su bancada está al tanto de que existe un problema grave de inseguridad, pero corresponde resolverlo a las autoridades civiles, como señala el artículo 21 de la Constitución, y no a las fuerzas armadas, como señala equivocadamente Osorio Chong.