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A él y a otro joven les pusieron armas para acusarlos de sicarios

NL: exige justicia para su hijo, asesinado en 2010 por militares
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Rosa Elvia Mercado y Lorenzo Joel Medina, padres del joven Jorge Antonio Mercado Alonso –quien fue abatido a tiros por militares el 20 de marzo de 2010, afuera de las instalaciones del Tec de Monterrey– se manifiestan afuera de la procuraduria del estado para exigir justiciaFoto cortesía de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 19 de marzo de 2017, p. 28

Monterrey, NL.

Rosa Elvia Mercado perdió a su único hijo, Jorge Antonio Mercado Alonso, quien era su orgullo por ser alumno de excelencia. A siete años de ser asesinado durante un fuego cruzado entre militares y delincuentes, su madre sigue rezando y exige justicia por la ofensa de colocarle armas para simular que fue un sicario abatido afuera del Tec de Monterrey.

A siete años, el sentimiento es el mismo, una como madre cada día siente más la ausencia, es un dolor permanente pero cada mañana nos ponemos en las manos de Dios, cuenta la mujer de 59 años.

Entre la noche del viernes 19 y madrugada del sábado 20 de marzo de 2010, se desató una balacera en la zona metropolitana de Monterrey. Un grupo de soldados perseguía tres camionetas con civiles armados. Una Yukón blindada chocó frente al Tec de Monterrey y sus ocupantes, para escapar, lanzaron granadas y se introdujeron al campus.

A las 0:45 horas de ese sábado, Mercado Alonso, de 23 años, y Javier Francisco Arredondo Verdugo, de 24, salieron de la biblioteca que da servicio nocturno en época de exámenes y en la puerta de la escuela fueron abatidos. A los alumnos becados por su excelencia académica les colocaron armas para simular que eran sicarios.

Ahora, al dolor de la ausencia le agregamos el desgaste de la lucha. Ya son siete años pidiendo justicia porque no buscamos venganza, sólo justicia conforme a derecho y que se limpie el nombre de los muchachos; no nos parece justo que se les dé el trato de sicarios, expresa Rosa Elvia vía telefónica, desde Saltillo, Coahuila.

Cuando se aclaró la identidad de los estudiantes, el primero en exigir justicia fue el rector del mismo Tec de Monterrey, Rafael Rangel Sostmann, quien demostró con las cámaras de la universidad que los jóvenes estuvieron en la biblioteca minutos antes de perder la vida.

En ese largo laberinto judicial, hace seis meses se consignó el caso ante una juez del cuarto juzgado federal y se realizan audiencias para deslindar responsabilidades. Tres militares están detenidos, dos prófugos y otro está desaparecido.

Rosa Elvia y su marido, Lorenzo Joel Medina, viajan con frecuencia a Monterrey para acudir a las audiencias, aportar pruebas, leer y hablar otra vez del caso de su hijo Jorge Antonio y de Javier Francisco, oriundo de Baja California, e insistir en un solo punto: que limpien sus nombres.

Esto se logrará cuando haya sentencia contra los militares, el proceso puede durar dos o tres años más, estiman los abogados de la familia.