Integrantes del movimiento civil Mexicali Resiste exigieron a los gobiernos federal y estatal la abrogación de la Ley del Decreto 57, que autoriza al gobierno estatal pedir un crédito de 500 millones de pesos y estipula los montos que se destinarán a las asociaciones públicas-privadas que desalarán y manejarán el agua de la entidad.

Con este acuerdo, el gobierno de Baja California tiene carta abierta para vender toda la infraestructura pública. Ya se dieron contratos sin licitación de todas las redes pluviales, algunos por 37 años, a compañías de los mismos terratenientes locales de extracción panista.

En conferencia de prensa, los activistas Roberto Martínez y Fidel Gallega, quienes acompañan a los jornaleros de San Quintín, señalaron que sus demandas son ignoradas a fin de favorecer al sector empresarial, y aseguraron que el gobierno de Baja California regaló terrenos a la empresa cervecera Constellation Brands.

Recordaron que desde hace un año se construye en el Valle de Mexicali la planta de la embotelladora, propietaria de las marcas del Grupo Modelo, la cual sobrexplotará los acuíferos de la zona agrícola.

“Esta cervecería va ha hacer un pago único de 600 millones de dólares por 30 años, cuando el consumo de agua con tarifa empresarial costaría 2 billones 237 mil millones de pesos. No sólo eso: el gobierno de Baja California les está regalando un acueducto de 400 millones de pesos a costa del erario.

Constellation Brands llegó a instalarse sin cambio de uso de suelo ni estudio de impacto ambiental. Uno de los ejecutivos de la empresa es hijo del director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. Después de cinco mesas fallidas con el municipio nos reprimieron 500 policías. Detuvieron a 13 compañeros, a quienes acusaron de motín y sabotaje, pero lograron salir. Desde entonces no hay diálogo.