Mientras no se esclarezcan los miles de homicidios y desapariciones ocurridas en el país, especialmente en la década anterior –y los responsables no sean llevados ante la justicia–, el Estado mexicano se encuentra en calidad de deudor del derecho a la verdad con las víctimas y sus familias, afirmó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En un comunicado por el Día Internacional del Derecho a la Verdad –24 de marzo–, llamó al gobierno y la sociedad a construir las bases del derecho a la verdad, para poner fin a la impunidad de los perpetradores de delitos y al sufrimiento de las víctimas.

Luego de subrayar que una de las principales directrices de sus recomendaciones es justamente el derecho de las víctimas a la verdad, el organismo enfatizó que dicha garantía es fundamental para alcanzar la justicia y la reparación del daño, con lo cual pueden generarse políticas públicas y presupuestales para garantizar la no repetición de hechos similares.

Respecto de las miles de desapariciones referidas por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas a octubre de 2016, un imperativo para el Estado mexicano y una urgencia para las familias afectadas es garantizar su pronta ubicación y sanción a los responsables, enfatizó la CNDH.