Caracas.

El máximo órgano de justicia en Venezuela revirtió este sábado parte de las dos sentencias con que se adjudicó las facultades del parlamento, dominado por la oposición, las cuales conferían además amplios poderes al presidente Nicolás Maduro y provocaron condenas internacionales y protestas callejeras.

Maduro se reunió ayer con la fiscal general, Luisa Ortega, luego de que ella rechazó que el máximo tribunal se adjudicara las facultades del parlamento.

Jefe de Estado, Nicolás Maduro, en (el palacio presidencial de) Miraflores con la fiscal general, escribió en su cuenta de Twitter el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, al divulgar un video sobre la cita. En la grabación se observa a Ortega regalar un libro a Maduro, en compañía del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, y de la ministra del Despacho de la Presidencia, Carmen Meléndez. Ninguno ha hecho declaraciones a los medios.

En la semana, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminó que su sala constitucional asumiría el rol de la Asamblea Nacional y que había limitado la inmunidad parlamentaria.

La corte justificó esos poderes con el estatus de desacato, en que declaró al parlamento hace más de un año por no haber desincorporado a tres de sus miembros acusados de comprar votos durante las elecciones de finales de 2015, así como ante la posibilidad de que en el país se estuvieran cometiendo delitos militares.

La supresión de las sentencias fue resultado de un acuerdo entre los representantes de los poderes públicos –excepto el Legislativo–, agrupados en el Consejo de Defensa, que acordaron ayer por la madrugada exhortar al TSJ a revisar los fallos para mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes.

El consejo fue convocado por Maduro para zanjar diferencias luego de que la fiscal general, Luisa Ortega, cercana al chavismo, denunció el viernes que los fallos del TSJ suponían una ruptura del orden constitucional.

Así, la corte publicó en su portal de Internet que fueron suprimidas partes de las sentencias, incluida una que confería amplios poderes al presidente para revisar la legislación sobre delincuencia organizada y terrorismo.

Sin embargo, la sentencia de ayer mantiene la facultad para que el Ejecutivo cree empresas mixtas sin autorización de la asamblea, en medio del estado de excepción que rige en el país desde el año pasado.

El Tribunal Supremo de Justicia, apegado al principio constitucional de colaboración de las ramas del poder público, atiende al exhorto efectuado, dijo más tarde el presidente del TSJ, Maikel Moreno, ante representantes del cuerpo diplomático.

Moreno negó que esa instancia judicial haya despojado a la Asamblea Nacional de sus funciones, y sostuvo que se reconoce también la figura de la inmunidad parlamentaria. Los conflictos entre los poderes deben ser resueltos de acuerdo con lo que prevé la Constitución. Nosotros no haremos nunca nada que atente contra la estabilidad del país, agregó.

El presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, quien se negó a asistir al consejo convocado por Maduro, aseguró que no ha habido cambio y que, pese a la revisión de las medidas dictadas del TSJ, el golpe de Estado persiste.

Borges atribuyó a un reculamiento (retroceso) del gobierno la anulación de las sentencias, y sostuvo que las recientes acciones del máximo tribunal demuestran que en Venezuela no hay separación de poderes, ni democracia ni justicia.

Ante cientos de seguidores en una plaza de la capital, anunció que la oposición seguirá adelante con sus acciones de calle para consolidar un movimiento de libertad y lograr elecciones y un cambio político en Venezuela.

Con carteles en los que se leía el golpe contra la Asamblea Nacional es golpear contra el ciudadanía, cientos de manifestantes intentaron llegar más tarde a la sede de la Defensoría del Pueblo, pero fueron repelidos por fuerzas antimotines.

Cientos de personas más tomaron la principal autopista de la capital, pero fueron cercadas por miles de guardias nacionales y policías, quienes lanzaron gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los opositores.

Las sentencias del Tribunal Supremo desataron una lluvia de críticas internacionales y llevaron a la Organización de Estados Americanos a convocar para este lunes a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para evaluar la crisis venezolana.