Las comunidades indígenas están en mayor riesgo de ser víctimas de trata, en especial aquellas que se han convertido en expulsoras de mano de obra en campos agrícolas, donde sobre todo mujeres y niños son sometidos a trabajos forzados, alertó la comisión especial de la Cámara de Diputados en materia de trata.

Detrás de las víctimas invisibles están redes de organizaciones criminales muy poderosas, y es obligación de todos contribuir a su combate y erradicación, señaló la presidenta de la comisión, Julieta Fernández Márquez (PRI).

La legisladora refirió que la comisión ha iniciado un programa de concientización y prevención del delito en zonas indígenas, que arrancó en La Montaña de Guerrero y se extenderá a otros estados.

Se trata, agregó, de explicar a estudiantes, maestros, padres de familia y sociedad civil en varios municipios cómo trabajar unidos contra este fenómeno, a dejar la indiferencia y sumarse a las acciones de gobierno “para prevenir que las personas más vulnerables sean víctimas de la llamada ‘esclavitud moderna’, hacer conciencia y no ser cómplices de este delito”.

Hay que alertar a los jornaleros agrícolas de que el trabajo forzado, la contratación de mujeres o niñas con fines de explotación laboral o sexual son delitos de trata de personas, no un empleo, indicó.

También se ha informado a aquellas comunidades que los matrimonios forzados, que constituyen una violación de los derechos humanos y se sancionan hasta con 14 años de prisión, son considerados trata. “Por ‘costumbre’, todavía las familias en algunas regiones de México eligen al esposo o madre de sus hijos sin su consentimiento”, afirmó.

Además continúa la práctica de acoso sexual reiterado a una persona por parte de un superior jerárquico, ya sea un jefe en el ámbito laboral o un maestro en el ambiente escolar.