Con el argumento de que la seguridad nacional es un principio constitucional que limita legítimamente el derecho a la información, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó la entrega de horarios, destinos, lugares de despegue y aterrizaje, así como la lista de pasajeros de las aeronaves del Estado Mayor Presidencial de julio a octubre de 2014, solicitados vía transparencia por conducto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Seis de 10 ministros presentes echaron atrás la decisión del Inai, el cual inicialmente avaló la entrega de los horarios, destinos y lugares de despegue y aterrizaje de la flota presidencial (helicópteros y aviones).

El pleno dio la razón a la consejería jurídica de la Presidencia de la República, que interpuso un recurso de revisión en materia de seguridad nacional, con el argumento de que la entrega de los datos requeridos ponía en riesgo la seguridad nacional y la del propio jefe del Ejecutivo federal.

Arturo Zaldívar, quien votó en favor de entregar sólo los datos relativos a lugares de origen y destino de las aeronaves, precisó que la decisión mayoritaria de ninguna manera, sustituye el derecho de acceso a la información por el concepto de seguridad nacional, ni que este recurso se convierta en una vía de protección a las autoridades que nos aleje del sentido de la reforma constitucional, o que suponga resolver qué es lo que se debe dar o no como información desde una perspectiva restrictivo precautoria, haciendo nugatorio tanto el derecho de acceso a la información pública como su principio rector de máxima seguridad.

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena también se sumó al proyecto de Javier Laynez Potisek. El único que votó por autorizar la entrega de toda la información fue José Ramón Cossío, quien se pronunció por confirmar la resolución del Inai y reiteró su rechazo a las restricciones constitucionales contra el acceso a la información.

El presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, así como Eduardo Medina Mora, Margarita Luna Ramos, Alberto Pérez Dayán, Jorge Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández se opusieron a la entrega de los datos. Pardo Rebolledo señaló que éstos no deben ser proporcionados por razones de seguridad nacional en las variantes que se plantean por la consejería jurídica de la Presidencia y, desde luego, para salvaguardar la seguridad personal del Presidente y, en su caso, de quienes viajan con él. Fernando Franco no asistió a la sesión por causas de salud.