Tras el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, que tendrá por consecuencia deportaciones masivas, el Senado solicitó al Ejecutivo federal y a los gobernadores poner especial atención en la situación de niñas, niños y adolescentes no acompañados.

De igual forma, les planteó que también atiendan a aquellos menores que sean separados de sus padres o que se encuentren en riesgo de una eventual separación, ya que se ven expuestos a una serie de violaciones a sus derechos humanos y a situaciones que ponen en riesgo su integridad física y sicológica.

En el contexto de la estrategia de defensa de los migrantes mexicanos, luego de las amenazas de deportaciones masivas que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los senadores aprobaron un dictamen para que las autoridades federales y estatales protejan a los menores y adolescentes repatriados.

Refieren en el punto de acuerdo aprobado que según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), entre enero de 2014 y noviembre de 2016 se registraron 38 mil 798 deportaciones de menores mexicanos, de los cuales 31 mil 115 viajaron sin acompañantes.

El propio INM reportó que el año pasado la cifra de menores deportados fue de 13 mil 752 menores.

La Comisión de Migración, que dictaminó el punto de acuerdo propuesto al pleno del Senado, pidió que se tenga en cuenta que niñas, niños y adolescentes formarán parte de esas eventuales deportaciones masivas desde Estados Unidos, por ello, es necesario considerar diferentes escenarios en el proceso de repatriación, ya que en ocasiones se separa a los miembros de la familia, ya sea porque se deporte a los padres, o sólo a los hijos, o porque una vez deportados los padres, los hijos se queden a disposición de las autoridades estadunidenses.

También señalaron los senadores que puede ocurrir la repatriación o deportación del menor de edad y de su familia simultáneamente, pero por separado, motivo por el que el Estado mexicano, como país de origen, tránsito, destino y retorno, debe garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, respondiendo a las leyes y tratados internacionales en la materia.

Manifestaron que cualquier acción gubernamental de defensa de los migrantes mexicanos debe visibilizar a los menores y priorizar el interés superior del niño, atender todas las necesidades de protección, tomar en cuenta su opinión, garantizar un nivel de vida adecuado y el principio de unidad familiar.