15 de abril de 2017     Número 115

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER

Suplemento Informativo de La Jornada

Capital Natural de México: participación
social, transparencia, enfoque
transversal en pro de la biodiversidad

Si bien México representa sólo uno por ciento de la superficie del planeta Tierra, alberga alrededor de diez por ciento de la biodiversidad mundial y es uno de los cinco con mayor diversidad de especies. Sin embargo, “es innegable que durante más de medio siglo nuestro capital natural ha sido severamente deteriorado en extensas regiones, por lo que se requiere incrementar y mejorar las estrategias para su manejo sostenible”, señala la obra Capital Natural de México, en su volumen IV, hecho público en marzo de 2017 y el cual está dedicado a las “Capacidades humanas e institucionales”.

Hace unos diez años, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) inició, con la colaboración de un amplio grupo de especialistas, la edición de esta obra, dedicada a evaluar el capital natural de México. Se publicaron tres volúmenes “en los que se consideró el enfoque de evaluación científica para analizar los temas más relevantes relacionados con el conocimiento de la biodiversidad, su estado de conservación y las políticas públicas para su uso, valoración y recuperación”, menciona el Volumen IV para describir sus antecedentes.

El Volumen IV, que fue presentado el 21 de marzo de 2017 (Día Internacional de los Bosques) por José Sarukhán Kermez, coordinador nacional de la Conabio, dice en su introducción que el contenido del libro ofrece una oportunidad de reflexión y de diálogo entre diversos sectores, dadas las crecientes presiones del cambio climático, y resalta la necesidad de promover la transversalidad para integrar la biodiversidad en las políticas públicas para el bienestar social.

“Nuestro país ha logrado establecer un marco normativo y varias dependencias clave en el ámbito federal y estatal, que pueden ser rectoras en la gestión de nuestros recursos naturales y guía para crear capacidades en municipios e incorporar los saberes locales en un contexto que incremente activamente la participación de las comunidades; no obstante, es necesario dedicar mayores recursos al sector ambiental para conservar su riqueza biológica. Ahora tenemos la oportunidad de valorar el capital natural en nuestra vida diaria y para el desarrollo futuro, y en ese sentido, debemos buscar, canalizar e incrementar los recursos financieros dedicados a su conservación”, dice y señala que en especial se requiere fortalecer las áreas protegidas y los programas de uso sustentable fuera de ellas.

“En particular se deberá destacar la importancia de hacer partícipe a las comunidades que dependen directamente de los servicios ecosistémicos, y promover la reconversión y la restauración de los ecosistemas, como la mejor medida de adaptación ante el cambio climático global”.

El Volumen IV establece 27 puntos claves de los lineamientos establecidos en el libro, donde sobresale la necesidad de la gestión local (estatal y municipal) y de contar con mayores recursos presupuestarios y de otras fuentes a favor del cuidado de la biodiversidad, además de transparentar esos recursos. Asimismo, se valora la participación social y comunitaria, y se resalta la importancia de integrar el tema en las decisiones macroeconómicas. De estos puntos, podemos destacar los siguientes:

  • La dimensión de sustentabilidad se debe incorporar en las decisiones macroeconómicas y presupuestales para internalizar los impactos negativos que tienen las actividades productivas sobre los ecosistemas, desde la perspectiva de los servicios ambientales, la recuperación de los recursos naturales y la sustitución de los no renovables, en especial los combustibles fósiles.

  • Los estados y municipios tienen un papel fundamental en el uso del territorio, por lo que su participación en la conservación del patrimonio biológico de México es esencial; es necesario fortalecer en particular a los municipios, en sus marcos normativos y capacidades para lograr incorporar en sus planes y acciones la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad.

  • Las estrategias estatales de biodiversidad son fundamentales como mecanismo de integración de la academia, la sociedad y los gobiernos locales, para valorar la protección de la naturaleza por la sociedad y en la planificación para la implementación de políticas públicas, ya que se basan en evaluaciones sobre el conocimiento y conservación de la biodiversidad, los procesos que la amenazan y las oportunidades para su uso sustentable en cada una de las entidades. Dichas estrategias son resultado de amplios procesos participativos para establecer objetivos, metas y acciones, así como analizar los recursos necesarios y conformar una agenda para el desarrollo de capacidades que se requieren para mejorar la gestión de su biodiversidad.

  • Las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones sociales han tenido un papel relevante en canalizar el interés colectivo por un ambiente saludable y un desarrollo viable en el largo plazo.

  • Las organizaciones sociales han apoyado el desarrollo de las comunidades locales, en particular de pueblos y comunidades indígenas, para su desarrollo social, por medio de la elaboración de esquemas de conservación comunitaria y el manejo sostenible de bosques, agrobiodiversidad y otros sistemas productivos.

  • El marco jurídico en materia ambiental ha tenido avances notables en el país. Sin embargo, aún es necesario homologar y sistematizar conceptos y contenidos en el sistema jurídico que contribuyan a incrementar la sincronía entre los tres órdenes de gobierno y las legislaciones ambientales y sectoriales.

  • México ha creado capacidades para compilar, integrar y generar información sobre su capital natural, así como herramientas e innovaciones en el análisis y salida de la información, que son útiles para la toma de decisiones, el diseño de políticas públicas, la gestión de la biodiversidad y la difusión del conocimiento sobre nuestra riqueza biológica, por lo que hay que mantener esas capacidades e incrementarlas.

  • Es imperativo encauzar e incrementar el financiamiento dedicado a la conservación de la biodiversidad y desarrollar alternativas para reorientar la economía, así como promover la transparencia y sistematización de información por parte de quienes reciben fondos y manejan inversiones para el manejo sustentable del capital natural.

  • La cooperación internacional ha producido beneficios en el desarrollo del marco normativo, y en políticas y programas para la conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad, además de promover la realización de estudios y evaluaciones científicas que han impulsado el desarrollo de capacidades humanas y de elementos indispensables para la gestión del capital natural, como la participación ciudadana y la rendición de cuentas, entre otros aspectos. Es necesario incrementar las capacidades institucionales para garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por México.

  • Las áreas naturales protegidas requieren programas y planes de manejo efectivos y de largo plazo, que consideren las condiciones particulares de cada área e incluyan acciones prioritarias para mantener y recuperar su biodiversidad y los servicios ambientales que brindan, ante factores de amenaza como la degradación de hábitats y el cambio de uso de suelo, la sobreexplotación de especies, las invasiones biológicas, la contaminación y el cambio climático.

  • Las áreas protegidas de jurisdicción estatal o municipal y las privadas contribuyen de manera importante a incrementar la superficie protegida y tienen el potencial de promover un enfoque de sustentabilidad con una amplia participación local; en este sentido destacan las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Deben buscarse mecanismos para estimular nuevas áreas de este tipo y asegurar la protección de las ya existentes.

  • Es necesario promover la conservación, restauración y el uso sustentable fuera de las áreas protegidas para mantener la conectividad ecológica, la biodiversidad y sus procesos funcionales. Existen instrumentos promovidos por el sector ambiental e iniciativas sociales que ayudan a compaginar políticas de distintos sectores. Destacan experiencias como el Corredor Biológico Mesoamericano-México, el manejo forestal sustentable, el pago por servicios ambientales y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, que han contribuido a la conservación in situ y al bienestar social en diferente medida y en distintas regiones; no obstante, se requiere contar con mecanismos adecuados para su evaluación.

  • Se cuenta con diferentes modalidades de ordenamiento ecológico del territorio, que abarcan desde el ámbito nacional hasta los ordenamientos comunitarios locales; sin embargo, hay limitantes y retos para su ejecución y cumplimiento, entre ellos, armonizar los planes de desarrollo en los distintos órdenes de gobierno y crear espacios para la participación social con el fin de guiar las decisiones de la gestión en el ámbito local.

  • Para fortalecer las capacidades de propietarios, usufructuarios y encargados del manejo y la conservación de los recursos naturales en los sectores público y privado es imperativo mejorar la comunicación entre la ciencia, la gestión pública y la sociedad, así como incrementar la inversión para generar conocimiento estratégico sobre el capital natural del país.

  • Se deben multiplicar los casos exitosos que demuestran cómo el conocimiento es necesario para brindar opciones de manejo sostenible de los recursos naturales ante los retos del cambio global; también es imperativo aprender lecciones sobre decisiones de la gestión que han ocasionado graves daños ambientales por no haber considerado los conocimientos generados.

  • Se debe promover el interés de instancias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno en ampliar con visión de largo plazo y continuidad la capacitación y la oferta de empleos en áreas dedicadas al estudio, manejo, conservación y restauración del capital natural.

  • Para lograr el desarrollo sustentable de México se requieren políticas públicas que consideren criterios ecológicos y que sean adoptadas por todos los sectores, con la participación proactiva de la sociedad; es decir, lograr la integración de los temas relacionados con la biodiversidad para el bienestar social (LER).

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