Para conseguir la puesta en libertad de seis pobladores de la comunidad indígena mexiquense de San Pedro Tlanixco, presos desde hace 14 años por defender su derecho al agua, se buscará aprovechar los tratados internacionales firmados por México, que son una herramienta importante para interceder por grupos vulnerables, pero que muy pocos jueces están dispuestos a tomar en cuenta al emitir sus sentencias.

Así lo afirmó la abogada Alejandra Peña, integrante del Comité de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, quien subrayó que en toda la historia de México prácticamente no ha habido un solo caso donde los juzgadores hayan tomado en cuenta criterios especiales de etnicidad o prácticas culturales de los pueblos originarios para resolver un proceso judicial.

Como se informó (La Jornada, 9/4/17), seis pobladores de San Pedro Tlanixco fueron acusados de homicidio por el gobierno estatal por considerar que el llamado que se hizo en dicha comunidad a reunirse mediante las campanas de la iglesia fue una convocatoria a linchar a un funcionario del municipio vecino de Villa Guerrero, quien murió de forma accidental al caer a un barranco.

De los seis detenidos, tres fueron condenados a más de 50 años de prisión y los otros tres aún esperan sentencia. La defensa argumenta que tañer las campanas para convocar a la gente es parte de los usos y costumbres de Tlanixco y otros pueblos indígenas, y de ninguna manera puede calificarse como un llamado a linchar a nadie.

Como no hay antecedentes de que hayan tomado en cuenta los usos y costumbres en el estado de México, es muy probable que (al revisar el caso) el juez dicte una sentencia condenatoria, pero si lo hace, podríamos meter un amparo directo y ahí muy probablemente logremos reducir las sentencias de 50 a 16 años. Así, los acusados estarían a dos años de salir en libertad, explicó Peña.

Respetar los tratados internacionales es una obligación de los jueces, pero no lo hacen porque no están capacitados y no se les inculca el conocimiento de otras leyes que no sean nada más la Constitución. Además, es culpa de los abogados que tampoco utilizan estos mecanismos. Usarlos en este caso sería un gran logro para las comunidades, pero también hablaría bien del sistema de impartición de justicia del Estado, enfatizó.