nte la inminente pérdida del poder y el erario en y del estado de México –y su impacto en las presidenciales de 2018–, parece que en Los Pinos decidieron que para evitar tal probabilidad bien valía el sacrificio de uno de los priístas modernos –de los más cercanos al inquilino de la residencia oficial–, con todo y el riesgo que corren si el cómplice capturado decidiera abrir la boca, contar sus secretos en busca de una sentencia más suave o de plano la liberación –que nada rara sería–, y detallara quiénes y cuánto recibieron los involucrados en uno de los más salvajes saqueos de las arcas públicas.

Y procedieron: tras casi seis meses de permanente búsqueda (léase impunidad total por parte de la autoridad mexicana), casualmente el sábado pasado Javier Duarte fue detenido en Sololá, Guatemala –con el bellísimo lago de Atitlán de fondo–, es decir, donde de tiempo atrás se divulgó que el ex gobernador veracruzano se había asentado sin complicación alguna, aunque con toda la complicidad de la autoridad mexicana.

Pero no sólo se trata de eso, porque el sacrificio del sonriente ex gobernador veracruzano también pretende desviar los reflectores y echar tierra a otros escándalos que involucran directamente al duopolio presidencial (Peña Nieto-Videgaray), como el Emilio Lozoya Austin y sus monumentales cochinadas en Petróleos Mexicanos, donde el consorcio brasileño Odedrecht y su chequera dicen ¡presente! Y a ese júnior también se le protege con todo el poder del Estado.

Pero en este México lindo y podrido de la política prácticamente todos los integrantes de la nueva generación (de gobernadores) que ha sido parte de este proceso de renovación del PRI (sic de Peña Nieto) robaron a manos llenas, saquearon y destrozaron sus respectivos estados y a estas alturas oficialmente son investigados, tienen órdenes de aprehensión o de plano se mantienen prófugos de la justicia, aunque todos ellos cubiertos con el manto de la impunidad que les brindan desde las alturas del poder federal.

Así, momentáneamente, de ese enorme cuan creciente inventario de ex gobernadores priístas (que incluye a los de la vieja guardia”) y de tantos otros partidos (con los panistas empujando para mejorar su posición en el tablero) hay que dar de baja a Javier Duarte, el más adelantado –en cuanto a robo de recursos– entre los de su moderna clase. Sólo falta que, como en el caso del ex gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington (aprehendido en días pasados en Florencia, Italia), la captura del veracruzano sea resultado del trabajo de la Interpol, sin mayor asistencia de la PGR, y ésta de nueva cuenta salude con sombrero ajeno.

En vía de mientras, tras seis meses de indagatorias, Javier Duarte fue mágica y oportunamente (sobre todo en lo electoral) detenido, pero el inquilino de Los Pinos se mantiene mudo; no se le ha escuchado y/o leído el mensaje de victoria (misión cumplida) que suele lanzar cada que cae un peso pesado del narcotráfico, y el ex gobernador veracruzano amén de muy pesado es uno de los mayores asaltantes del país, a la vez que –todo apunta– muy cercano a los capos del crimen organizado (lo es, sin duda, de los capos del crimen institucionalizado).

Pero los ejemplos de la clase gobernante son inagotables: Javier Duarte, Tomás Yarrington, César Duarte, Roberto Borge, Ángel Aguirre, Andrés Granier, Gabino Cué, Guillermo Padrés, Humberto y Rubén Moreira, Fausto Vallejo, Rodrigo Medina, Fidel Herrera Beltrán, Eugenio Hernández, Luis Armando Reynoso Femat y los que se queden en el tintero, que no son pocos, todos con investigaciones o procesos penales, aunque sean de mentiritas.

Esas son las cabezas visibles, porque a la par de esos ladrones deberían ser investigados los respectivos gabinetes, los congresos estatales (y el federal), los empresarios, los medios de comunicación que taparon –o intentaron– las tropelías del asaltante en turno, los enlaces federales, el aparato de procuración de justicia (que es muy eficiente a la hora de encubrir a los amigos) y el inquilino en turno de Los Pinos. Todo ello aderezado con una puntual pesquisa sobre los financiamientos a las campañas electorales, porque no sólo del centro salen recursos, sino de los estados a los candidatos al hueso mayor y otras menudencias.

Eso sí, nadie se dio cuenta por mucho que la enorme capacidad de hurto de cualquiera de los citados resultó más que notoria desde el momento mismo de que ocuparon la oficina principal en palacio de gobierno, con el consecuente desplome de los indicadores económicos y sociales de las entidades.

Con Duarte en el gobierno de Veracruz, por ejemplo, la economía se fue a pique, el crimen organizado convirtió el estado en su funeraria particular, las violaciones a los derechos humanos fueron pan de todos los días, como el asesinato de periodistas, y la pobreza se mantuvo a paso veloz, por decir lo menos, mientras el asalto al erario estatal alcanzaba proporciones estratosféricas. ¿Y a pesar de las constantes denuncias, oficialmente nadie se dio cuenta?, ni en Los Pinos ni en ninguna otra instancia federal o estatal. ¿En serio? Eso se llama impunidad, garantizado por altas esferas del poder, las mismas que ahora pretenden convertir la detención en Guatemala como una muestra fehaciente del combate a la corrupción.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha documentado que en los cuatro primeros años de gobierno de Javier Duarte alrededor de un millón adicional de veracruzanos engrosaron las filas del ejército de pobres, de tal suerte que a esas alturas alrededor de 60 por ciento de la población estatal se encontraba en tan precaria situación. Es de suponer que en el bienio 2015-2016 el número creció aún más, a la par del robo del gobernador y de sus secuaces.

Eso y mucho más, desde luego. Pero en Los Pinos creen que la detención de Duarte resulta suficiente para frenar no sólo el ostentoso desplome del gobierno federal –y ahí están las encuestas de Peña Nieto–, sino el del otrora partidazo en el estado de México (además las estufas, tinacos, despensas, compra de votos y demás que el tricolor regala en la entidad). La realidad es otra, porque el ex gobernador no es la excepción, sino la regla de la clase política.

Entonces, con tal de remontar –si ello fuera posible– electoralmente, ¿quién de los modernos ex gobernadores y/o funcionarios federales es el siguiente?

Las rebanadas del pastel

Karime Macías, esposa de Javier Duarte, está feliz (merezco impunidad, merezco impunidad), porque dice la PGR que contra ella no hay solicitud de detención. Ya está, a dar rienda suelta a su vicio: compras de lujo con dinero ajeno.

Twitter: @cafevega

D.R. cfvmexico_sa@hotmail.com