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El magistrado Gonzalo Curiel no puede ser imparcial, dijo el presidente en 2016

Juez criticado por Trump atenderá demanda presentada por un dreamer deportado

Juan Manuel Montes reside en EU desde hace 14 años y se acogió a un plan de protección

 
Periódico La Jornada
Viernes 21 de abril de 2017, p. 11

San Diego.

El juez federal a quien el presidente estadunidense Donald Trump menospreció el año pasado será quien atienda la demanda de un dreamer mexicano, quien denunció que fue deportado de forma injusta por autoridades migratorias, informaron autoridades judiciales.

El migrante mexicano Juan Manuel Montes Bojórquez, de 23 años, presentó una demanda en una corte federal de San Diego, después de ser deportado a pesar de tener protección por el programa Daca sobre inmigrantes traídos por sus padres siendo menores a este país.

El caso fue asignado al juez federal Gonzalo Curiel, quien nació en Indiana, Estados Unidos, pero es de raíces mexicanas y fue denigrado por el entonces candidato Donald Trump cuando dijo que no podía ser imparcial como juez por su ascendencia.

El año pasado Donald Trump enfrentó una demanda de cientos de estudiantes de la Universidad Trump que lo acusaron de engaño y fraude por cursos que no se cumplieron en esa escuela.

El caso fue resuelto hace unas semanas cuando Trump acordó indemnizar con 25 millones de dólares a estudiantes afectados por la fallida universidad en San Diego.

La deportación de Montes Bojorquez es considerado el primer caso contra un dreamer en la administración Trump.

Voceros del Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus siglas en inglés) reconocieron el miércoles que el estatus de migrante protegido de Montes Bojorquez no debía expirar hasta 2018.

Con eso corrigen este caso que colocó al mexicano de 23 años en el centro de un acalorado debate sobre la migración indocumentada y luego de que las mismas autoridades habían dicho el martes que el estatus Daca para el joven había terminado hace dos años.

La situación de Montes salió a la luz el martes cuando demandó al gobierno de Trump en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California, en San Diego.

La demanda civil alega que fue deportado a México por funcionarios que se negaron a explicarle sus derechos legales.

La querella afirma que el gobierno está en violación de la Ley de Libertad de Información, porque no se han publicado registros sobre el caso de Montes, a pesar de numerosas solicitudes, lo que es una violación del estatuto y se pide al tribunal que ordene al gobierno que libere esos registros.

Sus abogados dicen que Montes fue detenido por funcionarios de la Patrulla Fronteriza el 17 de febrero en Calexico y deportado a Mexicali.

Después de que el Departamento de Seguridad Nacional emitiera su declaración corrigiendo el estatus de Daca de Montes y negando que había sido deportado, sus abogados reiteraron su afirmación de que había sido expulsado por la fuerza.

Juan Manuel ha sido inequívoco en su afirmación de que nunca abandonó voluntariamente el país mientras tenía el estatus de Daca, declaro Nora A. Preciado, abogada del Centro Nacional de Derecho de Inmigración y co-consejera del caso.

El incidente ha desatado una cadena de protestas entre la comunidad defensora de derechos de inmigrantes y entre los llamados dreamers.

Un punto que explican funcionarios de migración y los abogados de Montes es que los oficiales de la Patrulla Fronteriza detuvieron al joven el 19 de febrero, cuando intentó escalar una valla de vuelta a Estados Unidos pero fue devuelto a México.

Montes, quien dijo que ha vivido en Estados Unidos desde que tenía nueve años, tiene problemas de aprendizaje después de sufrir una lesión cerebral traumática cuando era joven. Trabajó en la agricultura y estudió soldadura en un colegio comunitario antes de ser deportado.