En medio de la disputa por la gubernatura y los altos niveles de inseguridad, el gobierno del estado de México no ha aclarado el destino de 5 mil 978 millones de pesos de fondos federales, según la Auditoría Superior de la Federación. Entre las anomalías destacan subejercicios precisamente en la partida destinada seguridad pública.

En la revisión de las cuentas públicas del gobierno de Eruviel Ávila, la ASF también advierte de irregularidades en partidas para educación, salud e infraestructura, principalmente.

En su dictamen sobre la cuenta pública de 2015, la ASF advierte que no se lograron los objetivos en seguridad, pues de una partida de 116 millones de pesos, el gobierno del estado dejó de ejercer 37 por ciento a diciembre de ese año, y 17.1 por ciento casi seis meses después. La ASF consideró que esto causó quebranto a la Federación.

Además, los cursos de capacitación para aplicar el nuevo sistema penal acusatorio y la cadena de custodia, financiados con fondos federales, carecieron de documentos que acreditaran su validez.

La administración encabezada por Ávila Villegas aún puede solventar las observaciones de la ASF sobre el uso de 4 mil millones de pesos de 2015. Sin embargo, desde 2012 y 2013 no ha aclarado el destino de 338 y mil 443 millones de pesos, respectivamente.

Cuatro denuncias contra la administración de Peña

El gobierno del estado de México enfrenta hasta ahora cuatro denuncias penales presentadas por la ASF ante la Procuraduría General de la República por presunto daño patrimonial. Todas corresponden a la administración de Enrique Peña Nieto.

En tanto, las revisiones sobre el uso del fondo de aportaciones para los servicios de salud muestran un presunto quebranto de casi 500 millones de pesos. Se detectó manejo inapropiado de las cuentas bancarias utilizadas para la dispersión de los recursos, los cuales fueron desviados a otras cuentas.

En el ámbito educativo, el gobierno mexiquense incurrió en manejo indebido del fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo, pues se realizaron pagos que no podían financiarse por esta vía. Asimismo, se pagó a personal magisterial que se encontraba de licencia sindical.

En 2015 hubo un subejercicio de casi 33 millones de pesos del fondo para la infraestructura que se debieron destinar a drenaje, agua potable o energía eléctrica.