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Para su rescate, el edil propone convenio entre ayuntamiento, empresarios e instituto

Abandonadas, 100 mil viviendas en Juárez; vandalizan 50%
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Desde hace cinco años, cientos de casas quedaron abandonadas por sus propietarios en el fraccionamiento El Barreal, en Ciudad Juárez, Chihuahua, debido a que fueron construidas en un terreno fangoso y de alto riesgoFoto Rubén Villalpando
Rubén Villalpando
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 30 de abril de 2017, p. 23

Ciudad Juárez, Chih.

Se calcula que en esta ciudad hay alrededor de cien mil casas abandonadas y más de la mitad están vandalizadas. Para su rescate, el alcalde Armando Cabada Alvídrez propuso un convenio entre el ayuntamiento, el sector empresarial y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Entre los inmuebles olvidados se encuentran aproximadamente 4 mil en la zona de El Barreal, al sureste de la ciudad, que fueron vendidas con créditos del Infonavit o de empresas inmobiliarias, aun cuando se construyeron sobre terrenos fangosos donde antes hubo una laguna que se inunda cuando llueve y se hunde de forma periódica.

Cabada Alvídrez dijo: Expuse a los directivos del Infonavit que la mejor alternativa es donar la vivienda a los derechohabientes. También planteó que la industria maquiladora se haga cargo de la rehabilitación de las casas y pague una renta al Infonavit como prestación para sus trabajadores, lo cual ayudaría a reducir la rotación de personal de la que se quejan debido a sus altos costos.

Consideró que es urgente recuperar las casas deshabitadas debido a que son refugio de delincuentes y afectan a miles de ciudadanos que viven cerca de ellas, pues generan problemas que van desde acumular basura o ser usadas como puntos de reunión de pandilleros y otros más.

Dijo: el que estén abandonadas no significa que no tengan un dueño, la mayoría son inmuebles que fueron recuperados por el Infonavit al desalojar a los propietarios originales y ya realizan algunas subastas para que las reparen.

Expuso que su propuesta tiene doble ventaja, pues ayudaría al desarrollo urbano en las zonas con baja densidad de población y reduciría contrataciones de personal, pues les darían un lugar seguro donde vivir.

En Ciudad Juárez existen grandes sectores con miles de casas abandonadas, entre ellos las ocho secciones de la colonia Riveras del Bravo y la de El Barreal, que fue construido en una zona pantanosa por las compañías inmobiliarias.

En Riveras del Bravo habitaban miles de migrantes procedentes de los estados de México, Veracruz y Oaxaca, entre otros, que abandonaron sus viviendas por la crisis en la industria maquiladora y la violencia que azotó de manera grave la ciudad entre 2008 y 2013.

Lo mismo sucedió en El Barreal, donde cientos de propietarios debieron abandonar sus viviendas debido a que fueron construidas en una zona de alto riesgo, un terreno de 2 mil 200 hectáreas donde había una laguna y se inunda cuando llueve.

Ahí había 18 fraccionamientos, tres de los cuales tienen los problemas referidos y muchos vecinos se fueron desde hace tiempo.

Más de la mitad de las casi 4 mil viviendas de este asentamiento se encuentran abandonadas y saqueadas por delincuentes, que se llevaron puertas, ventanas, cables de electricidad, sanitarios o las rejas.

Sus propietarios aún las adeudan y no pueden adquirir otro crédito en cualquier parte del país por estar registrados en el buró de crédito, aun cuando el Infonavit les sigue descontando la mensualidad.

Sergio Meza, coordinador de la organización no gubernamental Plan Estratégico de Juárez, afirma que en su momento las autoridades fueron alertadas de que en esa zona no se podía construir por ser zona inestable, lo que fue documentado con un estudio hidrológico de la zona por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación.

La construcción de este fraccionamiento se inició durante el gobierno estatal del priísta Patricia Martínez García, actual se- nador, y cuando se autorizó la urbanización del predio la administración municipal 2002-2004 era presidida por el panista José Alfredo Delgado, a pesar de que la Comisión Nacional del Agua y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, entre otros organismos, dictaminaron que la zona era inundable.

A pesar de las advertencias y ante la necesidad de vivienda de los trabajadores, se construyeron más de 18 fraccionamientos, entre otros Los Naranjos, Villas del Sol, Las Almeras y los Arcos.

En 2010 las familias afectadas demandaron por la vía civil a los propietarios de las grandes extensiones de tierra en El Barreal, que ya no viven en Ciudad Juárez, pues huyeron o se escondieron, por lo que fueron notificados en San Diego, California; en la Ciudad de México y en Culiacán, Sinaloa.

Uno de los demandados es el ex edil priísta Manuel Quevedo Reyes, quien junto con Bernabé Franco, Raúl García Máynez, Carlos Tarango Corona y el sindicato de la junta municipal de aguas y saneamiento, son propietarios de El Barreal, y se habían comprometido, mediante un convenio firmado, a realizar las obras de ingeniería civil pa- ra controlar las inundaciones y así poder vender y fraccionar El Barreal.

La señora Martina Moreno vive en el fraccionamiento Los Arcos; en su sección se construyeron 28 casas de las cuales 24 están abandonadas y saqueadas. Nos quieren reubicar, pero el problema es que hemos pagado mucho dinero al banco y ellos dicen que la deuda seguirá vigente, refirió.

En Las Almeras, con la lluvia más reciente el agua subió dos metros; el señor Benito Ramírez dice que perdió todo: muebles, documentos, ropa, vehículo, juguetes, pero no la dignidad, por eso algunos demandamos a los que vendieron los terrenos y construyeron las casas con permiso del gobierno, ellos son los responsables, son priístas y panistas por igual, que se enriquecieron a sabiendas de que aquí no se puede construir, debido al agua y el fango del subsuelo, por eso se llama El Barreal.

Otras miles de casas abandonadas fueron recuperadas por el Infonavit y organismos de vivienda estatal y federal que no han dado oportunidad a sus dueños originales de retenerlas por caer en moratoria ante la crisis económica que generó la violencia en la ciudad de 2008 a 2013.