La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debe hacer públicos los convenios que firmó con diversas entidades en 2016 para apoyarlos en tareas de seguridad pública, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), con la salvedad de reservar uno de los anexos técnicos en el que se da cuenta del despliegue operativo que tendrá el Ejército en cada estado.

Al resolver un recurso de inconformidad en materia de acceso a la información presentado por un particular, en el que solicitó los convenios y el despliegue de la Policía Militar, así como los esquemas de capacitación de los militares, la Sedena respondió que contaba con siete brigadas en diferentes entidades, explicó de forma general sus tareas de seguridad y precisó que no había ninguna capacitación específica, precisando que no había firmado ningún convenio en 2017.

Sin embargo, ante la falta de precisión sobre el periodo requerido y en atención a criterios establecidos por el Inai, se determinó que la petición debería abarcar todo 2016. Ante ello, en alegatos la Sedena precisó que ha firmado convenios con diferentes estados con la finalidad de que personal militar apoye a la estructura de seguridad pública; sin embargo, declaró que dichos documentos contienen una cláusula que los considera información reservada.

En la resolución del Inai, cuyo proyecto elaboró Areli Cano, se estipula que no hay ninguna causal para reservar en su totalidad los convenios Sedena-estados. Justificó la firma de convenios, como se refleja en el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018, pues en algunas regiones del país existe una compleja realidad generada por la presencia de grupos delictivos, elevándose con ello los índices de violencia e inseguridad que afectan a la población.

En la diligencia de acceso a la información, el Inai constató que la mayoría de convenios contienen información pública, pues en los clausulados y anexos se desglosan datos genéricos propios de todo convenio: objeto, obligaciones adquiridas por las partes en materia de seguridad, percepciones, estímulos, evaluaciones y recursos materiales aportados, datos que no detallan aspectos que pudiesen actualizar alguna causal de reserva o confidencialidad.