20 de mayo de 2017     Número 116

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER

Suplemento Informativo de La Jornada

La lucha por la recuperación
ambiental del Río Atoyac:
una puerta de esperanza

María Alejandra Elizabeth Olvera Carbajal ENCB-IPN


FOTO: Isaac Vásquez

El pasado 21 de marzo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 10/2017, en la que documenta la violación a los derechos humanos a un medio ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información, por la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes.

Dicha recomendación fue solicitada hace casi seis años por habitantes de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil, afectadas por el paso de un río que propaga enfermedad y muerte y que es uno de los diez más contaminados de México .

Esto no siempre fue así. Se tiene registro de que desde la época prehispánica, las aguas del Atoyac formaban lagunas y ciénegas que eran aprovechadas por los habitantes debido a su gran variedad de flora y fauna. Según el registro arqueológico, el río contaba con diversas aves: pato, grulla, gallareta, guajolote; mamíferos: zorrillo, ratón, tlacuache, conejo, liebre, ardilla, perro, lobo, venado, pecarí; especies acuáticas: peces, ranas y diferentes tipos de tortugas. En cuanto a la flora, se tienen registros de plantas que se utilizaban para fines alimenticios, medicinales y para confección de artesanías, como el uauhquilitl (quelites y amaranto), nopal, peonia, hierba del cáncer, gramíneas para forraje, maíz, leguminosas y tomate (Serra y Lazcano, 2011).

Desde la llegada de los españoles a la región, la historia del río y de su gente ha estado directamente relacionada con “desarrollo” económico, político y social de las unidades administrativas que geográficamente lo conforman. La industria en Tlaxcala surgió en la época colonial, en las riberas de los ríos Atoyac y Zahuapan; sin embargo, su auge fue en el siglo XIX, ligado al surgimiento de la industria de Puebla.

La contaminación del río a gran escala comenzó en 1969, cuando se instaló el Complejo Petroquímico Independencia de Petróleos Mexicanos (Pemex); posteriormente, se crearon tres corredores industriales, que hasta la fecha vierten desechos de las industrias alimenticia, textil, química, petroquímica, automotriz, papelera, de hierro y acero, farmacéutica, metalmecánica y siderúrgica, entre otras. Diariamente descargan aguas residuales sin tratamiento alguno, que contienen cloroformo, cloruro de metileno, tolueno, metales pesados, sólidos suspendidos, coliformes y muchas otras sustancias y compuestos tóxicos que han causado un serio deterioro ambiental, ya que dentro del río la vida acuática ha desaparecido y las tierras que eran regadas por estas aguas han sido envenenadas.

Estos altos niveles de contaminación han generado graves problemas de salud en las poblaciones humanas aledañas; existe un alto número de casos de cáncer, anemia, púrpura trombocitopenica, leucopenia, malformaciones congénitas, enfermedades renales, deficiencia en el desarrollo del tubo neural, afectación de la medula ósea, infecciones gastrointestinales y otras enfermedades que azotan a la población local y que se derivan del contacto directo e indirecto que la gente mantiene con el río.

Agenda Rural

Libro: Soberanía alimentaria: Un diálogo crítico. Varios autores. Editado por: Instituto Internacional de Estudios Sociales de la Universidad de La Haya. Hands On The And For Food Sovereignty. elikadura21.eus/wp-content/ uploads/2017/04/ETXALDE- liburua-CAS.pdf


Libro: ¿Qué hacer con el TLCAN? Miradas críticas y alternativas desde la sociedad. Varios autores. Editado por: Escuela de Contabilidad y Administración Pública, Leona Vicario, AC


Libro: Entre la milpa. De Pablo Sigüenza. Editorial Universitaria


Esta gran problemática ha sido fuertemente denunciada por diversas organizaciones sociales que han trabajado mano a mano con habitantes de las comunidades afectadas, exigiendo al gobierno y a otras instancias que se garanticen los derechos de los habitantes de la región.

El caso ha sido llevado ante distintas instancias internacionales; en el 2006 se presentó ante el Tribunal Latinoamericano del Agua y se obtuvo un veredicto favorable para las comunidades. Éste reconoció la gravedad ambiental y social que representan las descargas industriales y los drenajes municipales en esta región, y solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitir una declaratoria oficial sobre el río Atoyac.

La propia instancia federal reconoció “Que las aguas de los ríos Atoyac y Xochiac o Hueyapan han sufrido alteración en su calidad con motivo de las descargas de aguas residuales provenientes de procesos industriales y asentamientos humanos, que vierten 146.3 toneladas al día de materia orgánica medida como demanda química de oxígeno, 62.8 toneladas al día de sólidos suspendidos totales, 14.7 toneladas al día de nutrientes, 0.14 toneladas al día de metales pesados (plomo, cromo, cadmio, cobre, mercurio, níquel y zinc) y 0.09 toneladas al día de compuestos orgánicos tóxicos, entre otros, más contaminación microbiológica” (DOF: 06/07/2011).

La problemática del río también se presentó ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) Capítulo México, denominado “Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos”, que sesionó de 2011 a 2014 y documentó la violación a los derechos humanos en todo el país. La presentación dio la razón a las comunidades sobre las graves violaciones a sus derechos humanos y la necesidad de implementar medidas de reparación inmediata en la vida de los pueblos y en el saneamiento del río Atoyac, por los tres niveles de gobierno (González, 2017).

La reciente recomendación emitida por la CNDH está dirigida a los titulares de la Semarnat, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris); a los gobernadores de Puebla y Tlaxcala, y a los presidentes municipales de San Martín Texmelucan, Huejotzingo, Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros.

La recomendación, basada en diversas investigaciones, advierte de los riesgos sanitarios a los que se exponen las poblaciones cercanas al río y pide que las instituciones gubernamentales correspondientes se responsabilicen y tomen cartas en el asunto de manera inmediata.

La CNDH solicita que en un plazo de seis meses se forme un equipo integrado por Semarnat, Comisión Nacional del Agua (Congua), Profepa y Cofepris; los gobiernos de los estados de Puebla y Tlaxcala; los municipios que colindan con el río y sus afluentes; las empresas que descargan sus aguas residuales en el río, y desde luego, las organizaciones civiles que deseen integrarse para elaborar el “Programa integral de restauración ecológica o de saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac”.

Entre otras cosas, solicita de manera puntual a Conagua que se tomen medidas para evitar que se sigan descargando aguas residuales fuera de la normatividad, y a Profepa, que tome medidas correctivas en este sentido; que se establezca como requisito indispensable a los responsables de las descargas la construcción de plantas de tratamiento de aguas y que exista una garantía de reparación, fianza o seguro que avale la indemnización por daño ecológico.

Pide también a Conagua, Profepa y Cofepris que presenten las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de quien resulte responsable por actos u omisiones que hayan permitido la persistencia de la contaminación en dicho cuerpo de agua. Además, llama a las instituciones de salud y a los municipios involucrados para que se diseñe un programa de atención médica. Y pide a los gobiernos de Puebla y Tlaxcala que se realicen los estudios necesarios para conocer la calidad del agua y de ser necesario formular y tramitar la Declaración de Zona Reglamentada, de Veda o de Reserva para la cuenca del Alto Atoyac, y que gestionen los recursos necesarios para la remediación del río.

A pesar de todo, estas medidas podrían considerarse insuficientes, pues aunque los usuarios del río acataran lo anterior, la normatividad mexicana no tiene como objetivo frenar el deterioro ambiental, sino establecer “límites máximos permitidos”. Al respecto, como ha señalado ya el Centro “Fray Julián Garcés” de Derechos Humanos, de forma única, particular, una sustancia podría no ser riesgosa, pero si se junta con otras, puede resultar tóxica y perjudicial. Compuestos orgánicos volátiles –como el cloroformo y el cloruro– ambos hallados en el Atoyac, no son reconocidos en estas normas, a pesar de ser considerados residuos peligrosos en diferentes países. Las normas oficiales no consideran el total de la contaminación en una corriente, resultado de la acumulación de descargas residuales durante un largo tiempo y por parte de un cada vez mayor número de fuentes.

A pesar de todo, pequeños y medianos productores han decidido continuar con la producción agrícola, generando una gran cantidad de alimentos que son consumidos en el Valle Puebla-Tlaxcala y que en algunos casos son regados con aguas tóxicas. Los compradores, al saber que los campesinos ofrecen productos agrícolas de una región contaminada, suelen ofrecer pagos más bajos a los costos de producción, lo que se traduce en pérdidas económicas que hacen cada vez menos viable la vida campesina. Allí donde el desarrollo dominante siembra muerte y ecocidio, la lucha por la vida es mucho más que una metáfora, como lo demuestra el testimonio de lucha de organizaciones como la Coordinadora por un Atoyac con Vida. Esperamos que esta recomendación de la CNDH sea el inicio de la solución a tantos años de injusticia socioambiental.

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