Opinión
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Los asesinatos de Miguel y Agustín Vázquez Torres
Luis Hernández Navarro
A

Miguel Vázquez Torres lo asesinó un grupo de sicarios en el poblado Kuruxi Manuwe (Tuxpan de Baños), Jalisco. A eso de las seis de la tarde del 20 de mayo, le dispararon con armas de fuego de alto calibre. Los homicidas se dieron a la fuga en una camioneta Toyota Tacoma. Gravemente herido, Miguel fue trasladado a un centro de salud, pero no sobrevivió. Allí, los mismos agresores ultimaron también a su hermano Agustín.

Miguel tenía unos 30 años de edad y era maestro de primaria en la localidad de Barranquillas. Entre 2014 y marzo de 2017 fue presidente de bienes comunales del pueblo wixárika de Wuaut+a, San Sebastián Teponahuaxtlán, demarcación indígena que incluye Tuxpan de Bolaños. Al frente de comisariado gestionó programas de salud, educación, desarrollo e infraestructura para la zona. Agustín, de unos 40 años, estaba comprometido con la comunidad y era defensor de derechos humanos, así como promotor de derechos indígenas.

La comunidad wixárika de San Sebastián sostiene una larga lucha para defender y recuperar sus tierras, ocupadas por pequeños propietarios mestizos de Huajimic y Puente de Camotlán, municipio de La Yesca, en Nayarit. Durante el mandato de Miguel, la comunidad logró, el 22 de septiembre de 2016, la recuperación de los predios Piedra Bola y Bola Negra, en las faldas de la sierra de Pajaritos. Son parte de un proceso más amplio que busca que regresen a manos indígenas más de 10 mil hectáreas de la comunidad, invadidas por ganaderos.

Los asesinos de los hermanos Vázquez Torres trabajan para el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del que forma parte Édgar Veytia, El Diablo, ex fiscal general de Nayarit, enemigo de los wixaritari y aliado de los ganaderos de Huajimic. El pasado 29 de marzo, El Diablo fue detenido en Estados Unidos. La Corte del estado de Nueva York lo acusa de conspiración para manufacturar, importar y distribuir en Estados Unidos heroína, cocaína, metafetaminas y mariguana.

En pleno conflicto, el fiscal Édgar Veytia le sugirió a los pequeños propietarios que, para aplastar los reclamos agrarios de los wixaritari, los denunciaran de robo de ganado y de sembrar amapola en sus tierras, para inculparlos por abigeato y narcotráfico. Les dijo: Siembren amapola, siembren mariguana y nosotros entramos y acusamos a los indígenas.

San Sebastián ha sufrido a lo largo de más de un siglo las agresiones de los ganaderos mestizos invasores. Según narra Ramón Vera, cronista de esa resistencia, en Breve historia de una invasión continua: La historia de abusos por parte de los invasores está plagada de asesinatos, quema de casas, ganado echado a las siembras, personas arrastradas con reata desde los caballos y hasta colgados en sus propios árboles. Muchos años el territorio fue devastado por la tala clandestina del bosque y la depredación de los mantos de agua. Sus tierras las erosionó la ganadería y la siembra intensiva y extensiva, al punto de que en las zonas más devastadas hay hundimientos frecuentes, lo que hace del entorno ecológico algo muy frágil. Todo esto fue solapado por políticos y gobiernos locales y estatales que en diferentes momentos de la historia se han coludido permitiendo esta situación (https://goo.gl/vDmlDU).

Pero, a pesar de ello, la resistencia indígena contra el despojo de sus tierras y territorios ha sido ejemplar. Antes de que el tribunal agrario 56, de Tepic, reintegrara al patrimonio de la comunidad los predios Bola Negra y Piedra Bola, la comunidad logró recuperar, tan sólo entre 1997 y 2004, más de 50 mil hectáreas invadidas, favoreciendo a más de 2 mil 700 comuneros y sus familias.

El racismo y desprecio de los pequeños propietarios hacia los huicholes es de antología. Son una plaga –le dijo Alejandro Quintanilla Barajas, uno de los grandes propietarios regionales, al reportero Agustín Castillo–. Y a Alejandra Guillén el ganadero le explicó: Son unos flojos, pues siempre se la pasan en la fiesta. Son un pueblo muy prolífico, por eso quieren todas nuestras tierras. Deberían de prohibirles tener tantos hijos, son gente muy holgazana.

Pero no es sólo la tierra lo que está en disputa en aquella región. Los recursos mineros (metálicos y no metálicos) que yacen debajo de ella han despertado la ambición de otros actores. En noviembre de 2002, el subsecretario general de gobierno de Nayarit, Héctor Medina, anticipaba, que en la sierra nayarita se han detectado por ahí algunos brotes (de violencia), puesto que hay indicios de que en esas zonas hay manganeso. Por ahí hay algunas gentes que han estado atentos a eso y hablan de que la explotación de esas minas pudiera dar la oportunidad de sacar hasta 100 tráileres diarios de ese producto. Por lo pronto, los comuneros han dicho no a la minería.

Las 184 hectáreas recién recuperadas se encuentran en una zona inhóspita. La única forma de abastecerse de agua y alimentos es en Huajimic. Y a los wixaritari que viven allí se les impide el libre tránsito y se les niega la venta de alimentos. En abierto contubernio con los pequeños propietarios, las autoridades de Nayarit permiten que se cometa todo tipo de abusos contra los indígenas.

Por eso, ante este clima de hostigamiento y violencia, y el abandono de las autoridades gubernamentales de su obligación de garantizar la seguridad de ciudadanos y pueblos, a finales de este año, la asamblea de la comunidad de San Sebastián anunció la formación de una autodefensa wixárika, para defender las tierras y cuidar la integridad física de los comuneros.

Los asesinatos de Miguel y Agustín Vázquez Torres son parte de la guerra no declarada contra los pueblos indios que se vive en el país. Una guerra en la que la santa alianza de políticos, autoridades gubernamentales, narcotraficantes, pequeños propietarios y empresarios mineros pretende despojar a los pueblos originarios de sus tierras, territorios y recursos naturales.

Twitter: @lhan55