La dirigencia de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca convocó a sus más de 80 mil agremiados a boicotear la evaluación docente que se efectuará mañana y el sábado.

Eloy López Hernández, dirigente de la gremial, aseguró que en Oaxaca la reforma educativa no pasará y tampoco se permitirá la evaluación docente. La movilización del viernes será nacional, advirtió.

Un funcionario del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca señaló que la evaluación docente no está en riesgo, pues se realizará en la Ciudad de México, aunque no se han definido las sedes. Se prevé que acudan aproximadamente 3 mil profesores de Oaxaca, agregó.

En conferencia de prensa realizada durante la asamblea plenaria, López Hernández informó que el 18 de mayo el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa entregó una respuesta formal al pliego petitorio presentado el primero de mayo; sin embargo, calificó de nulos sus ofrecimientos. No obstante, puntualizó que el diálogo con el gobierno estatal sigue.

El pliego de la sección 22 consta de cinco puntos centrales, entre ellos la abrogación de la reforma educativa. El gobierno de Alejandro Murat respondió que la modificación fue aprobada por el Congreso de la Unión y, por tanto, la autoridad estatal no puede abrogarla.

También exige castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos el 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, San Pablo Huitzo y San Pedro Telixtlahuaca, así como en los cruceros de Hacienda Blanca y Viguera, en la entrada poniente de la capital del estado.

Igualmente, reclama la liberación de Lauro Atilano, Sara Altamirano, Leonel Manzano, Damián Gallardo y Roque Coca, considerados presos políticos, además de la presentación con vida de varios desaparecidos.

La sección 22 demanda la derogación del decreto 20 de 2015, mediante el cual el entonces gobernador Gabino Cué Monteagudo entregó la rectoría de la educación estatal al gobierno federal.

Adeudos por $300 millones

En Morelia, Michoacán, unos 500 integrantes de la CNTE mantuvieron por segundo día un plantón frente a la Secretaría de Finanzas estatal para exigir el pago inmediato de salarios y prestaciones, seguros, interinatos, bonos y subsidios, que suman unos 300 millones de pesos acumulados durante varias administraciones.

Carlos Maldonado Mendoza, titular de Finanzas, aseguró que el gobierno del estado no tiene recursos. Sin embargo, señaló que ya se está gestionando una partida extraordinaria para cubrir esta semana dos de tres bonos reclamados.

Mientras, las secciones 37 (estatal) y 2 (federal) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Baja California anunciaron que este jueves 47 mil maestros harán un paro general para exigir al gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid que presente un programa para saldar los alrededor de mil 500 millones de pesos que adeuda al magisterio estatal, especialmente a los cerca de 2 mil 500 profesores que están liberados de dar clases frente a grupo, pero no han sido jubilados.

Unas 3 mil escuelas de nivel básico suspenderán actividades y más de 600 mil estudiantes se quedarán sin clases, como resultado de una movilización escalonada que podría convertirse en un paro indefinido si las autoridades no ofrecen una solución. Grupos de maestros se concentrarán en los centros cívicos de Mexicali, Tijuana y Ensenada, mientras otros permanecerán en las escuelas explicando a los padres el motivo del paro.

El fin de semana, el gobierno del estado informó que pagó 28 millones de pesos del aguinaldo de diciembre pasado a los maestros interinos, en busca de parar las protestas.

El problema se originó en la década de 1980, cuando el estado absorbió decenas de escuelas que funcionaban en un sistema por cooperación. Treinta años después, 3 mil maestros estaban listos para el retiro (cada año se jubilan unos 400).