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Detectó desvío de recursos federales en las secretarías de Infraestructura y de Educación

Exige la ASF a dos ex colaboradores de Padrés devolver $347.5 millones

Irregularidades en por lo menos 31 proyectos de mejora de escuelas

Hay obras sin terminar en más de 3 mil planteles

Las erogaciones fueron autorizadas por ex tesorero preso en EU

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El ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías (al centro) recorrió en septiembre de 2011 una escuela ubicada en el municipio de Etchojoa para verificar avances de obras. Lo acompañaron en esa ocasión los ex secretarios José Inés Palafox, de Infraestructura (cuarto de izquierda a derecha), y Jorge Ibarra Mendívil (atrás del ex mandatario), de Educación, entre otros funcionariosFoto Cristina Gómez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 30 de mayo de 2017, p. 29

Hermosillo, Son.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) exigió a José Inés Palafox Núñez y Jorge Luis Ibarra Mendívil, quienes fueron secretarios de Infraestructura y de Educación, respectivamente, en el sexenio del panista Guillermo Padrés Elías (2009-2015), que rembolsen al erario más de 347 millones de pesos etiquetados para mejoras en escuelas, obras que nunca se realizaron.

Mediante una solicitud de información, La Jornada tuvo acceso al pliego definitivo de responsabilidades R030/2013, el cual detalla que en el ejercicio fiscal 2011 Palafox Núñez e Ibarra Mendívil recibieron del gobierno federal 347 millones 499 mil 240 pesos para 31 proyectos.

Veinte meses después de que terminó la administración de Padrés Elías, hoy preso en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México por corrupción, sus secretarios de Educación e Infraestructura han librado varias acusaciones, pero si son procesados con el nuevo sistema de justicia penal serían los primeros ex funcionarios de Sonora a quienes se exigiría resarcir daños patrimoniales, además de que también podrían ser encarcelados.

Según el documento oficial, los recursos desviados corresponden al convenio para el otorgamiento de subsidios para obras o proyectos. Entre otras anomalías, se detectó que la fiscalización no fue pagada con la cuenta bancaria abierta para el manejo de los recursos del convenio y las facturas cumplen con los requisitos fiscales, pero carecen de documentos probatorios.

Además, el acta de inicio de obras no fue notificada, no se designó un enlace para el seguimiento, se realizaron trabajos en lugares y fechas distintos a los que señalaba el oficio, o simplemente no hubo registro alguno.

El expediente detalla que para que los dos ex funcionarios dispusieran del dinero a través de la cuenta de cheques 700-4599361 de Banamex, a nombre de la Secretaría de Hacienda, sólo necesitaban la firma de autorización del titular de esa dependencia, Carlos Villalobos Organista, actualmente preso en Estados Unidos, en proceso de extradición y requerido por la Procuraduría General de la República por malversación de recursos federales destinados a Sonora.

Las cuentas a las cuales ingresarían los recursos federales fueron saqueadas entre agosto y diciembre de 2011, y de enero a mayo de 2012. Cuando la ASF solicitó el registro del uso de los recursos, Ibarra Mendívil y Palafox Núñez se negaron a comprobar los gastos.

Después de que Jorge Luis Ibarra salió de la Secretaría de Educación se detectó un quebranto por 2 mil 172 millones de pesos y diversas anomalías, como obras de infraestructura no terminadas, escamoteo de becas a estudiantiles, adeudos con proveedores y desvío de recursos del Programa de Acompañamiento Escolar.

Según la Secretaría de Educación del actual gobierno, hay obras sin terminar en más de 3 mil planteles, daños en instalaciones y falta de mantenimiento de infraestructura de energía eléctrica.

La secretarías estatales de Infraestructura y Educación se coordinaban por medio del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, a cargo de Luis Felipe Romero López, hermano de otro ex funcionario también arrestado en Estados Unidos, el ex secretario de Gobierno Roberto Romero López.

La ASF y la Fiscalía Anticorrupción de Sonora investigan a Romero López por desviar recursos destinados a educación básica, y en mayo de 2016 fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años.

La administración de Padrés Elías ha sido señalada por un desfalco superior a 32 mil millones de pesos. Según las denuncias e investigaciones, dichos desvíos fueron perpetrados principalmente en las secretarías de Salud, Educación y Seguridad.