El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, envió anoche a la Asamblea Legislativa, por conducto de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, observaciones al decreto por el que se abroga el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Procesal Electoral del Distrito Federal; así como a la expedición del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Procesal Electoral para la Ciudad de México, además de las reformas a diversas disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana y del Código Penal locales.

La consejería jurídica explicó que para evitar confusiones sobre el comienzo del proceso electoral se propone suprimir en el segundo párrafo del artículo 7 transitorio la redacción de la primera parte del segundo párrafo, y poner en el artículo 15 que el inicio del cargo de jefe o jefa de Gobierno electo en 2018 deberá ser el 5 de diciembre de ese año.

En tanto, para celebrar el proceso electoral 2017-2018 y homologar el texto al de la Constitución local, se debe precisar: En las seis circunscripciones en que se dividan las demarcaciones territoriales se indique a qué circunscripción representa cada candidato a concejal acreditando su residencia efectiva.

La consejería puntualizó que toda vez que el proceso electoral arranca la primera semana de septiembre de 2017, se cumple en tiempo y forma con los plazos legales para que, en su caso, se apruebe y publique lo que la soberanía legislativa determine.

Por la mañana, el presidente del Tribunal Electoral local (TEDF), Armando Hernández Cruz, advirtió que al no incluir en el Código Electoral temas como el voto efectivo, previsto en la Constitución Política de la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa (ALDF) transfirió a los órganos jurisdiccionales la responsabilidad de resolver eventuales juicios relacionados con el incumplimiento de dicho precepto conforme a criterios que pudieran ser del agrado o no de los actores políticos.

Afirmó que la legislación electoral que aprobó la ALDF contiene la armonización con la Constitución local que se requería, pero admitió que siempre en toda norma hay lagunas, no es posible que cubra todas las hipótesis normativas posibles, que en este caso atribuyó a la premura con la que los asambleístas tenían que expedir la nueva normatividad.

Agregó que lo más conveniente es que los mismos asambleístas pongan las reglas claras desde el principio en la ley, por tener ellos mayor legitimidad democrática como un cuerpo electo por el voto popular.

En tanto, el presidente del Instituto Electoral local (IEDF), Mario Velázquez Miranda, indicó que con la nueva norma electoral que aprobó la ALDF, el principal reto en la elección de 2018, tanto para el organismo que preside como para los partidos políticos, seguirá siendo la participación de la ciudadanía.

Indicó que una de las primeras tareas del organismo será definir el territorio de las seis circunscripciones en que se dividirán las 16 demarcaciones para la elección de los concejos de las alcaldías y adelantó que la reducción de 40 a 33 distritos para la elección de diputados del Congreso local implicará prescindir de 35 plazas del servicio profesional de carrera.