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Negocios y Empresas

Corrupción y competitividad

M

éxico pierde competitividad frente a la comunidad internacional debido al alto nivel de corrupción, mal intrínseco del sistema político. En contra del discurso gubernamental, la corrupción aumentó en los pasados cuatro años, lo que se traduce en una situación crítica para la sociedad y, en especial, para los más pobres.

De acuerdo con el Centro de Competitividad Mundial del Instituto Suizo, México cayó de la posición 45 a la 48 entre 63 países analizados. Entre los criterios en que el país bajó destacan la corrupción, la ineficiencia del gobierno, el bajo nivel educativo y la falta de transparencia pública y de justicia social.

En contraparte, México avanzó en materia de eficiencia en los negocios, al pasar en ese rubro del lugar 42 al 36, en gran parte debido a la apertura de los mercados, lo cual obliga a empresarios y trabajadores a ser más competitivos para vender bienes y servicios a escala internacional.

A quien más afecta la corrupción es a los sectores más desprotegidos de la sociedad, los cuales tienen poco margen para negociar, bajo poder adquisitivo y, proporcionalmente, pagan un costo más alto por todo trámite que realizan y por los bienes que consumen.

Cualquier bien que se genera, al pasar por el tamiz de la corrupción, se vuelve más caro para las empresas, lo que se traduce en precios más altos al consumidor. Aunque no existe una medida exacta de ese fenómeno, se calcula que la corrupción encarece los bienes y servicios en México entre 10 y 15 por ciento, lo que se traduce en recursos multimillonarios que se quedan entre funcionarios públicos de todos los niveles.

Enrique Peña Nieto ha expresado que el problema de la corrupción forma parte de nuestra cultura, del modo de ser del mexicano. Sin embargo, los estudiosos del tema señalan que ese asunto se debe a la falta de estado de derecho. Es decir, todo aquel que comete un acto ilícito no paga con cárcel, con la devolución del dinero público y con el desprestigio social las irregularidades que lleva a cabo. Aquí se trata de aplicar la ley igual a todos, cosa que no sucede con los funcionarios públicos, sobre todo con los de alto nivel.