Diez por ciento de las mujeres económicamente activas en México son violentadas por el acoso sexual. Alrededor de un millón 400 de ellas son afectadas por esas ominosas prácticas; no obstante, sólo 0.3 por ciento denuncia a sus agresores. Eloísa Talavera Hernández, diputada del Partido Acción Nacional (PAN) e integrante de la Comisión de Seguridad Social, dijo que tal problemática existe porque no hay disposición o norma que obligue a los titulares de las dependencias de gobierno, instituciones y organismos descentralizados, implementar acciones que promuevan la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo. Esto pese a que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece el deber que tienen las dependencias e instituciones públicas de implementar este tipo de acciones, afirmó la diputada Talavera Hernández. Propuso reformar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional, para que titulares de las dependencias de los poderes de la Unión, gobierno de la Ciudad de México, instituciones públicas y organismos descentralizados, implementen medidas y procedimientos para prevenir, atender y sancionar los casos de hostigamiento y acoso sexual en los centros de trabajo.