17 de junio de 2017     Número 117

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER

Suplemento Informativo de La Jornada

Incorporar cambio climático a TLCAN,
proponen ambientalistas de EU;
grave riesgo por capítulo XI del tratado


Ben Beachy

Un Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) renegociado desde el interés del gobierno de Trump se perfila para ser peor de lo que ya es este acuerdo en sus condiciones originales, en particular en lo referido al medio ambiente, consideró Ben Beachy, consejero político para el Programa de Comercio de la organización ambientalista Sierra Club, con sede en Washington, DC.

El secretario de Comercio de Donald Trump, Wilbur Ross, multimillonario con intereses en las industrias siderúrgica y minera, “fue ejecutivo de una empresa de carbón en la que murieron 14 mineros”. El secretario de Estado es Rex Tillerson, quien ha dirigido Exxon Mobil –firma que junto con la francesa Total planean invertir 6 mil 643 millones de dólares para la exploración y desarrollo en México del bloque 2 de la Ronda 1.4, que ganaron el pasado 5 de diciembre en la licitación petrolera–; “el pagó millones de dólares para ocultar los efectos que tiene el cambio climático en nuestras comunidades”. En fin, el gabinete de Trump está lleno de ejecutivos y financieros que tienen muy claro su interés empresarial en el nuevo TLCAN, señaló Beachy.

“Quieren hacer oleoductos, quieren hacer fracking, quieren impulsar la minería, y rechazan la creación de empleos en energía renovable, que es el camino ideal hacia el futuro. Por eso debemos estar prevenidos de esta visión de Trump y al mismo tiempo impulsar una visión alternativa que beneficie a nuestro planeta, antes que generar ganancia para los empresarios de industrias extractivas”, señaló Beachy ante los asistentes al Encuentro de Organizaciones Sociales Canadá, Estados Unidos, México. Por Nuevas Formas de Cooperación Internacional, realizado en la Ciudad de México el 26 y 27 de mayo.

El TLCAN, comentó, se negoció a fines de los 80’s e inicios de los 90’s cuando todavía no teníamos un gran conocimiento del cambio climático. “Hoy vemos sus consecuencias, como son tormentas cada vez más desastrosas para nuestras comunidades, mares que sufren destrucción, sequías severas como la de Centroamérica con efectos de pérdidas de cosechas y hambre”.

El desafío de la sociedad de influir en las renegociaciones del TLCAN es crítico, pues hasta hoy el tratado ha beneficiado a las empresas extractivas y contaminantes. “Cuando en el pasado hemos querido tomar acción, por ejemplo en Canadá y Estados Unidos contra el fracking o en México contra los oleoductos, ¿qué hacen esos consorcios? Acuden a los tribunales para dirimir las controversias Estadoinversionistas, considerados en el Capítulo XI del TLCAN. Estos tribunales fallan generalmente a favor de los inversionistas y son compensados económicamente con nuestros recursos, con recursos públicos”.

Las empresas pueden utilizar el TLCAN para evitar cualquier ley que proteja el medio ambiente, y muchas veces lo que hacen es mover sus operaciones de contaminación climática de un país a otro país, para evadir regulaciones. “Pongo como ejemplo una empresa estadounidense, de Michigan, que decidió mover su operación de reciclaje de baterías de plomo a Monterrey (al municipio Doctor González, muy cercano a la capital neolonesa); exporta su contaminación, y el efecto es de daño a la salud humana y a la ecología. Pero al medio ambiente no le importa de dónde sale la contaminación, de Monterrey o de Michigan. El daño es para el planeta”.

Así, es claro que la sociedad debe impulsar que el tema del cambio climático se incorpore en el nuevo TLCAN. Lo que buscamos es un nuevo modelo de comercio que respete al planeta y a los pueblos, dijo.

Respecto del caso mencionado por Ben Beachy, un reporte publicado en febrero de 2016 por los portales SinEmbargo.mx y Vanguardia citó un texto de The Whastington Post, donde se mencionan estimaciones de que “una de cada cinco baterías de plomo ácido de vehículos estadounidenses terminan en plantas de reciclaje en el norte de México donde deben ser destrozadas por trabajadores bajo condiciones que van desde las adecuadas hasta las abismales, según consultores estadounidenses que han estudiado la industria [...] los recicladores de metal buscan sacar provecho de los controles relativamente laxos que hay en el país sobre los niveles de exposición al plomo al que pueden someterse los trabajadores y del que puede registrarse en el medio ambiente” .


FOTO: Edgardo Mendoza / ANEC

El texto dice que hay una “preocupación común entre la gente de los barrios cercanos a la fábrica [Eléctrica Automotriz Omega, en Doctor González], pues han sido detectados niveles elevados de plomo en la sangre de los trabajadores de la fábrica, así como en lotes cercanos donde niños juegan y familias crían ganado”. Y menciona el caso de una persona, Juan González Mendoza, quien trabaja en la propia empresa recicladora, y enfermó con dolores profundos en huesos y articulaciones. Análisis médicos mostraron “concentraciones de plomo en la sangre muy por encima del nivel que en muchos lugares de Estados Unidos daría lugar a remover a un trabajador. Sin embargo, González fue sólo incapacitado por nueve meses y está atrapado en una cama sin poder trabajar”.

Por otro lado, en cuanto al asunto de los tribunales Estado-inversionistas, Ben Beachy ofreció información respecto de casos donde empresas contaminantes imponen su posición y poder en confrontaciones con los Estados donde instalan o buscan instalar sus operaciones. En esta liga pueden observarse ejemplos de casos donde empresas han usado los tribunales de los tratados de comercio para atacar leyes ambientales y otras.

Y en esta otra hay un resumen de todos los casos de este tipo que ha surgido bajo los TLC de Estados Unidos, incluido el TLCAN.

Un caso que puede ejemplificar es este: en 1997, Metalclad Corporation, una empresa estadounidense de gestión de residuos, demandó al Estado mexicano bajo el Capítulo XI del TLCAN, en contra de la decisión del municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí, de no dar permiso de construcción para la expansión de una instalación de residuos tóxicos con base en preocupaciones relativas al ambiente y la salud. Había estudios que indicaban que los suelos del sitio eran muy inestables y eso permitiría que los residuos tóxicos se infiltraran en el subsuelo y transportaran contaminación por medio de aguas profundas. El gobierno local ya había denegado permisos similares a la firma mexicana de la cual Metalclad adquirió la instalación. Metalclad argumentó que la decisión de denegarle un permiso como empresa extranjera inversionista que opera bajo los derechos del TLCAN, equivalía a expropiación sin compensación y un “trato justo y equitativo”. El tribunal del TLCN falló a favor de la firma, ordenando a México compensar a Metalclad con más de 16 millones de dólares, por mermar el valor de la inversión hecha por la empresa. (LER).

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