17 de junio de 2017     Número 117

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER

Suplemento Informativo de La Jornada

El nuevo TLC: ¿qué será de
los derechos digitales?

Gisela Pérez de Acha Analista de Políticas Públicas en la organización Derechos Digitales gisela@derechosdigitales.org


IMAGEN: Constanza Figueroa

Para Donald Trump, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) era “el peor tratado de libre de comercio de la historia.” Ahora quiere modernizarlo. Enrique Peña Nieto cacarea lo mismo sin saber qué significa. Como si la modernidad aún fuera una utopía. Como si sus premisas no hubieran causado más desigualdad, dependencia y crisis ecológicas. Después de 23 años de estar en vigor, van a renegociarlo.

Hay un patrón en las negociaciones comerciales: se hacen a oscuras, sin transparencia y privilegiando siempre los intereses de grandes corporaciones por encima de los derechos humanos. Esta vez no será diferente. El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés) murió cuando Trump firmó la salida de Estados Unidos. Sin embargo, su contenido sobre propiedad intelectual, comercio electrónico y tecnologías será el punto de partida para el “moderno” TLCAN. No podemos dejar que esto pase.

El capítulo de propiedad intelectual del TPP fue uno de los más discutidos gracias a que Wikileaks lo filtró. De lo contrario, hubiera permanecido en secreto hasta su firma. Una de las primeras cosas que proponía era aumentar el plazo de los derechos de autor para protegerse durante la vida de los creadores y hasta 70 años después de su muerte. Esto fomenta la idea de que la cultura y el conocimiento son propiedad privada y se pone a disposición únicamente de quienes pueden pagarla. Promueve un esquema en el que los nietos y bisnietos de los autores siguen recibiendo regalías por algo que ellos no hicieron. Nos impide descargar, leer, reproducir, copiar, pegar o remixear cosas que muchas veces son sabiduría popular (¡y pública!). Y en suma, es un esquema que beneficia directamente a Estados Unidos que, con industrias como Hollywood o Disney, es el principal exportador de contenidos protegidos por derechos de autor en el mundo.

El TPP también buscaba exportar una ley gringa que en la práctica ha instaurado un sistema de censura privada: la Digital Millenium Copyright Act (DMCA). Básicamente se trata de un mecanismo dirigido a compañías como Google, Facebook, Twitter y Youtube bajo la siguiente lógica: si conocen de contenidos que violen derechos de autor, y no lo bajan, entonces son co-responsables por la violación. En México, Enrique Peña Nieto ha usado la DMCA para eliminar videos en los que se equivoca diciendo que León es un estado en vez de una ciudad. Sin controles ni salvaguardas judiciales, miles de expresiones legítimas e importantes podrían ser eliminadas.

Por si fuera poco, y con esto en mente, la base del TPP era criminalizar a los usuarios y usuarias que violaran derechos de autor por bajar películas o subir videos con música protegida: cárcel, multas, pagos de procesos legales a las compañías por “afectar sus intereses comerciales”. Evidentemente se trataba de un exceso. Sobre todo cuando un puñado de empresas –como Sony o Time Warner– detentan la mayoría de los derechos.


FOTOS: Edgardo Mendoza / ANEC

El capítulo sobre comercio electrónico no se quedaba muy atrás. En la era del capitalismo digital los datos son dinero y nosotros somos datos: todo lo que hacemos en internet, los sitios que visitamos, lo que consumimos y compramos. De forma inevitable, al hablar de datos hablamos de privacidad. El TPP promueve el “libre flujo de datos” entre países, incluso cuando estos tratan de información sensible como salud, tarjetas de crédito o preferencias sexuales y políticas. Si estos datos terminan en Canadá no habría problema. Pero si se van a Estados Unidos tenemos un problema: Trump recientemente decretó que los extranjeros no tienen derecho a la privacidad. Hay excepciones a este libre flujo pero siempre y cuando no sean “restricciones encubiertas al comercio”. Traducción: se puede interpretar que una política que protege derechos humanos impide el comercio de datos y por lo tanto bloquearse vía litigio.

Hay muchos otros puntos preocupantes, pero en esencia hay que decir que la modernización tiene tintes colonialistas. Estos tratados protegen a Estados Unidos y a las empresas multinacionales por encima de los intereses democráticos de personas comunes. Que quede claro: el TPP no puede revivirse. Los derechos humanos no pueden supeditarse al comercio internacional. Exijamos mejores condiciones.

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