17 de junio de 2017     Número 117

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER

Suplemento Informativo de La Jornada

Chile

A nueve meses de la muerte de Macarena Valdés


Julia Quillempan FOTO: Carlos Morales

Seguir en pie

Felipe Montalva

Dos procesos judiciales, paralelos, se desarrollan en estos meses con epicentro en Tranguil, la comunidad localizada en la precordillera de Panguipulli, sur de Chile y escenario de la instalación de una central hidroeléctrica de pasada por parte de la empresa austro-chilena RP Global (también denominada RP El Arroyo). Un episodio resonante en la invasión de emprendimientos energéticos en territorio mapuche (Ver La Jornada del Campo 112, enero 2017).

Uno es la investigación, por parte de la Fiscalía (entidad estatal encargada de la investigación de delitos), en pos de aclarar la muerte de Macarena Valdés, pareja de Rubén Collío, werken (vocero) de la comunidad Quillempan, ocurrida en agosto del año pasado. La pareja había encabezado la oposición a la construcción de la hidroeléctrica. Un par de semanas luego de una manifestación en la carretera, Macarena fue hallada sin vida, colgando desde el cuello a una viga, al interior de su casa, en Tranguil. Días antes, lugareños que trabajaban para RP Global advirtieron a la propietaria del terreno donde residía la familia que desalojara al werken, además de que profirieron mensajes amenazadores en su contra.

A fines de 2016, Rubén Collío presentó una querella criminal contra todos quienes resulten responsables. Tras un intento de la Fiscalía por cerrar el caso, argumentando que se trataba de un suicidio, en marzo pasado la presión social le obligó a proseguir su trabajo. “Pasó algo curioso. Nadie [en este juicio] ha nombrado a RP Global, pero por esta querella presentaron un abogado que los representará”, cuenta Rubén Collío. Una diligencia futura es una nueva autopsia. Para dicho procedimiento, la Fiscalía está en conversaciones con un médico legista. Algunas organizaciones mapuche han realizado actividades para juntar dinero con ese fin.

Collío continúa trabajando como orfebre mapuche y vive con sus cuatro hijos, en su casa de Tranguil. Señala que le interesa despersonalizar lo ocurrido: “No busqué esto. Fue una comunidad que me pidió ser werken y ayudarlos contra la empresa”. Reconoce que este periodo ha sido difícil: “Me costó retomar mi rol y asesorar a la comunidad. ¿Qué era lo que se buscaba con asesinar a Macarena? ¿Infundir miedo, desarticular y desestabilizar la lucha que se estaba dando en el sector cordillerano? Hoy no tenemos miedo. La pena, la rabia y el amor son energías que uno puede reconducir hacia cuestiones positivas. Seguimos en pie”, cuenta.

Como un caramelo. El segundo juicio es la demanda que la comunidad mapuche Quillempan presentó contra RP Global por usurpación de tierras. La empresa edificó la hidroeléctrica sin permiso, en un terreno perteneciente a la comunidad. Aún más: ignoraron la existencia de un antiguo cementerio mapuche, un eltun. Se debe recordar que los comuneros han denunciado que RP Global posee más de una razón social. De ahí su segunda denominación como RP El Arroyo. Una acción distractora, sostienen. Julia Quillempan, representante de la comunidad, resume: “Buscamos que devuelvan el terreno y saquen la planta”.


Camino y tendido en Tranguil FOTO: Felipe Montalva

Por tal motivo, a solicitud de los comuneros, la Corporación Nacional Indígena (Condi, ente estatal chileno encargado de asuntos vinculados a pueblos originarios) realizó un estudio antropológico sobre los predios donde existían los cementerios perjudicados por la hidroeléctrica. “Fueron vulnerados nuestros derechos como mapuche, y como sujetos de derecho internacional, establecido en el Convenio 169 [de la Organización Internacional del Trabajo]”, argumenta Rubén Collío.

La central, de 2.9 megavatios de generación, hoy luce concluida pero no ha iniciado funciones. Se aprecia un cuidador hermano de Julia Quillempan que revela las divisiones que la empresa causó en la comunidad. Las relaciones continúan malheridas entre los habitantes. No obstante, las amenazas telefónicas contra la mujer mapuche y su esposo, Alejandro Castillo, parecen haber concluido desde febrero pasado. El modus operandi de RP Global para ingresar a este territorio se emparenta con el de otros proyectos hidroeléctricos en los años recientes: un vecino conocido es contratado por la empresa para que convenza a los lugareños de las bondades del emprendimiento. En tal gestión confluyen las relaciones familiares y sociales que esa persona tenga.

“Ellos [los que apoyan el proyecto] creen que con tener una planta tendrán una fuente de trabajo para toda la vida. [La empresa] vino acá y les ofreció por dos años... La planta estuvo lista al año y medio. También dijeron que habría electricidad gratis. Otra mentira”, señala Julia Quillempan.

Enérgica, la mujer ahonda sobre este factor humano. Sus palabras retumban: “Nos envuelven como si fuéramos un caramelo para dárselo a los monos. Mapuche y no mapuche no se dan valor con sus tierras. Muchos no siembran ni una mata de cilantro. Todo es comprar y comprar. Ahora llega la empresa y los tontos le creyeron”.

Derechos expandibles. Tranguil parece ser la punta de lanza de una ofensiva energética de impredecibles consecuencias. “Tenemos claridad que vienen innumerables proyectos hidroeléctricos de este tipo. Están los derechos de agua pedidos. Nos lo ha confirmado la Dirección General de Aguas (DGA)”, señala Rubén Collío. Hasta el año pasado, DGA informaba de 135 solicitudes realizadas por particulares para fines hidroeléctricos. La peculiaridad de Panguipulli, su gran cantidad de ríos, esteros, lagos y montes, así como una deslumbrante selva nativa fría, ha atraído a estos inversionistas.

Revelador del actuar de RP Global es que el proyecto inicial solicitaba derechos de agua en el río Tranguil por dos kilómetros. Luego han solicitado que se amplíe a cuatro y hoy a ocho kilómetros. “Desde la bocatoma hasta la sala de máquinas hay ocho kilómetros”, señala Rubén Collío. Ahí radica la razón por la que la planta aún no opera. “Están esperando los cuatro kilómetros que les faltan. Como comunidad nos oponemos a que les den esos derechos de agua. Se lo pedimos formalmente a la DGA”, cuenta.

Una reforma a la legislación de aguas, que data desde la dictadura y que permite que cualquier privado solicite derechos de usos “no consumptivos”, que –fácticamente– ha privatizado ríos y esteros, se encuentra en tramitación en el Parlamento chileno desde el año pasado.

“Nos quieren destruir nuestro paraíso, y si no nos organizamos va a ser demasiado tarde”, señala Rubén Collío.

opiniones, comentarios y dudas a
jornadadelcampo@gmail.com