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El gobierno de Chihuahua pide a la Fepade requerir la detención

El viernes, límite para que juez decida si ordena la captura de Duarte Jáquez
 
Periódico La Jornada
Miércoles 21 de junio de 2017, p. 17

Un juzgado federal con sede en la capital del estado de Chihuahua tiene hasta el próximo viernes para definir si libra una orden de captura en contra César Duarte Jáquez, por la presunta comisión de peculado electoral, luego de una denuncia que presentó la Secretaría de la Función Pública de esa entidad, al haber descubierto entrega de recursos para el Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que habrían causado un daño patrimonial millonario.

La petición de orden de captura contra el ex gobernador de Chihuahua fue formulada a solicitud de las autoridades de esa entidad por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Desvío de $14 millones

En Chihuahua, Stefany Olmos Loyala, secretaria de la Función Pública, explicó que la solicitud de detención contra Duarte está relacionada con el desvío de 14 millones de pesos hacia la campaña política federal de 2015.

Los 14 millones fueron parte de un total de 79 millones de pesos que el gobierno de Chihuahua ha establecido que durante el sexenio de César Duarte se retuvieron ilegalmente a servidores públicos estatales, para ser transfereridos al PRI.

Foto
César Duarte Jáquez, en imagen de 2009Foto María Meléndrez Parada

El pasado 15 de junio, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, señaló que esta acusación contra su antecesor se trata de investigaciones que aún están en curso, pero que forman parte de los expedientes que se han venido elaborando en torno al ex gobernador, toda vez que distintos actores involucrados lo han señalado como el responsable de haber instruido tanto transferencias como entregas de dinero en efectivo a diversos actores políticos.

En las indagatorias realizadas en esa entidad se detectaron transferencias de recursos públicos para campañas políticas, desde 2012 hasta 2016. Esas investigaciones se derivaron del cateo que hizo el Ministerio Público a la casa del ex gobernador en la ciudad de Hidalgo del Parral, donde fue localizada lo que se llamó, la nómina secreta.