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El proceso legislativo que permitió ese aumento no fue el deseable, admite Pérez Dayán

Ratifica la SCJN aval a la ampliación del encargo de cuatro magistrados electorales

Gutiérrez Ortiz Mena dio la razón a Morena y PRD, que impugnaron el decreto respectivo

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Los ministros Margarita Luna Ramos, José Ramón Cossío Díaz y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena durante la sesión de ayer en la Suprema Corte de Justicia de la NaciónFoto Cristina Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de junio de 2017, p. 11

En votación dividida (seis a cinco), el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad del decreto que amplió el plazo en su encargo de cuatro magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Ayer fijaron su postura el ministro presidente Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán, –quienes no hablaron en las dos sesiones previas–, para validar el incremento de seis a ocho años en el cargo de los magistrados Felipe Alfredo Fuentes y Reyes Rodríguez, y de tres a siete años para Indalfer Infante y José Luis Vargas.

Aguilar Morales y Pérez Dayán argumentaron que la acción de los legisladores no violaba los principios de independencia judicial, seguridad jurídica, no aplicación retroactiva de la ley ni el escalonamiento en el cargo de los magistrados electorales que prevé la ley.

Además de que la garantía de inamovilidad e independencia judicial de los juzgadores se activa a partir de la toma de protesta, no de la designación.

Aunque Pérez Dayán reconoció que el proceso legislativo que le dio origen no fue el deseable en estas circunstancias y puede provocar desconfianza.

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro instructor, respondió que le daba la razón al PRD y a Morena, que impugnaron el decreto vía acción de inconstitucionalidad, ya que se actualizó una transgresión constitucional a la independencia judicial.

La Constitución, subrayó Gutiérrez Ortiz Mena, prohíbe incorporar cualquier elemento que pueda poner en entredicho el quehacer judicial, incluyendo actos posteriores del Poder Legislativo a la designación, tal como ocurrió en este caso.

En las dos sesiones anteriores, nueve ministros fijaron su postura. Los que votaron por la validez del decreto fueron: Aguilar Morales, Pérez Dayán, Margarita Luna Ramos, Jorge Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek y Eduardo Medina Mora.

Los que se pronunciaron por la inconstitucionalidad fueron Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar, Norma Lucía Piña Hernández y Fernando Franco González Salas.