El Gobierno de la Ciudad de México realizó ayer la cuarta demolición de niveles excedentes en obras de construcción irregulares. Esta vez fueron cuatro los pisos derribados en un edificio de departamentos que se construye en la colonia Jardín Balbuena, delegación Venustiano Carranza.

Con esta son siete construcciones en las que se tienen documentadas irregularidades, en tres de las cuales las mismas constructoras optaron por derribar los niveles que habían levantado de más.

Dichas obras forman parte de una lista de 32 edificaciones en proceso de revisión, ubicadas en 11 delegaciones, número que se podría incrementar toda vez que son investigadas más de 100, señalaron las autoridades capitalinas.

Manifestaron que la intención es llevar a cabo un operativo de demolición por lo menos una vez a la semana, y reiteraron que las constructoras involucradas deberán pagar las demoliciones que realice el gobierno, de ser necesario con las mismas propiedades.

La obra intervenida ayer, cuya demolición tuvo un costo aproximado de 2 millones de pesos, se localiza en la calle Genaro García 253, donde el uso de suelo permitido es de tres niveles, pero se excedió cuatro, motivo por el cual se realizó el operativo encabezado por el Instituto de Verificación Administrativa, la Contraloría General y las secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y Gobierno.

Además de violar el uso de suelo, no tiene manifestación de construcción ni director responsable de obra, además de que la Procuraduría General de Justicia local inició una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades penales.

Rechazan iniciativa de programa urbano

Por otra parte, en la segunda jornada de audiencias públicas en la Asamblea Legislativa para dictaminar el Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU), asociaciones vecinales, comités ciudadanos y pueblos originarios expresaron su rechazo a la iniciativa al advertir que no se elaboraron planes estratégicos en temas como infraestructura hídrica, sin la cual no debían permitirse más construcciones, ni se revisó el excesivo marco jurídico que permite a las constructoras violentar una norma acogiéndose a otras.

María del Carmen Amézquita, del Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad, sostuvo ante los asambleístas y funcionarios capitalinos que el PGDU persiste en la aplicación de instrumentos que sí generan riqueza pero gentrifican, expulsando a sus habitantes originarios y remplazando el comercio de barrio por franquicias.

Gilberto Kapellmann, de Villa Coyoacán, cuestionó que el cuidado de monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas siguen bajo la tutela de las delegaciones, que han sido responsables de su descuido y desaparición; mientras que la diputada constituyente de Morena Mayela Delgadillo advirtió que no contiene preceptos de la Constitución local, como el uso social del suelo y la consulta ciudadana para cambios de uso, y además debió someterse a referendo.