El Estado mexicano reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que enfrenta retos significativos para hacer realidad el pleno disfrute de los derechos humanos y el acceso a la justicia.

Ayer, durante la sesión sobre Justicia e impunidad en México, en el contexto del 163 periodo extraordinario de sesiones de la CIDH que se realiza en Lima, Perú, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien encabezó la delegación gubernamental, aseveró que los retos son, entre otros: la erradicación total de la tortura, de las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, de los casos de maltrato a migrantes y el abuso a los derechos de periodistas, defensores y mujeres.

Integrantes de la CIDH y de organizaciones civiles enfatizaron en la necesidad de que el Estado mexicano integre un consejo asesor de expertos internacionales para combatir la impunidad en el país, como ha recomendado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El comisionado de la CIDH, James Cavallaro, interrogó a los funcionarios mexicanos sobre su posición acerca de ese consejo. Campa Cifrián respondió: Hemos dicho que los esquemas de acompañamiento deben estar apegados a las normas internacionales y la legalidad interna, y esa es la frontera que el Estado mexicano, con todo derecho, está planteando. Agregó que la recomendación del Alto Comisionado menciona expertos, pero no aclara que éstos tengan que ser forzosamente internacionales.

Resaltó que el elemento principal disruptor de la legalidad en México tiene que ver con el tráfico de drogas, e informó que el Estado mexicano ha iniciado una restructuración para brindar certeza y un modelo jurídico competitivo ante los retos que afectan la paz y la seguridad de la población.

Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fundar y Artículo 19, entre otras, aseguraron que no hay confianza en que el gobierno pueda investigarse a sí mismo por delitos cometidos en el pasado o en la década reciente. Nada de lo que se ha hecho hasta momento ha ofrecido resultados, debemos cambiar las estrategias.

Insistieron en la necesidad de atender la recomendación del Alto Comisionado y crear un consejo asesor contra la impuniaad, con expertos internacionales, lo cual representa una medida pertinente y eficaz.

Por ejemplo, refirieron, en la actualidad hay ocho ex gobernadores detenidos, pero ninguno es investigado por violaciones de derechos humanos, y denunciaron la falta de profesionalismo de los operadores de justicia que han llevado a la impunidad más de 93 por ciento de los casos.