15 de julio de 2017     Número 118

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER

Suplemento Informativo de La Jornada

Guanajuato

Retos de la política social y
educativa para la población
jornalera migrante

Giovanna Battaglia Velázquez Coordinadora del Centro de Desarrollo Indígena Loyola AC, organización que acompaña a la población indígena inmigrante en el municipio de León, Guanajuato.

El Centro de Desarrollo Indígena Loyola (CDIL) realiza desde 2012 una labor de acompañamiento de las familias tu´un savi (mixtecas) que vienen de la Montaña de Guerrero a los campos agrícolas del estado de Guanajuato incorporándose principalmente en el corte del chile y otras horticulturas.

Este camino ha sido de aprendizaje. De indignación porque vemos una de las peores formas de injusticia social, pero también de esperanza, porque las familias jornaleras migrantes, con una capacidad organizativa admirable, nos demuestran su resistencia, y reivindican por sus propios medios sus derechos negados y violentados en primera instancia por la ausencia de Estado.

Lo que hoy comparto aquí son reflexiones construidas con mi compañera en el CDIL Dámaris Juárez, y con el doctor David Martínez, de la Universidad Iberoamericana León.

Alrededor de 2011 comenzó una nueva fase del viejo fenómeno de la migración golondrina o cíclico. El endurecimiento de la supervisión para evitar que niños y niñas trabajen al margen de la legislación vigente y el acoplamiento de los ciclos agrícolas “complementarios” en el tiempo han propiciado que los migrantes modifiquen sus rutas tradicionales, y encuentren nuevos acomodos laborales más allá de los lugares tradicionales de contratación, como son los campos del norte del país.

Guanajuato se ha convertido así en receptor laboral de estos jornaleros y jornaleras que se trasladan de lugares cercanos como el estado de Jalisco y siguen rumbo a Colima, Michoacán, San Luis Potosí y otros estados.

La migración se vuelve la única opción de sobrevivencia para las familias indígenas de la Montaña y Costa de Guerrero, ya que no existen oportunidades para que permanezcan en su lugar de origen. Se trasladan a los campos agrícolas de Baja California, Sonora, Sinaloa, Jalisco, San Luis Potosí, y Guanajuato. Esto significa una perpetuación de la pobreza extrema; las niñas y niños pertenecientes a dichas familias, nacen y crecen viendo coartados todos sus derechos, dentro del círculo de pobreza.

Desde el 2012 el Centro de Desarrollo Indígena Loyola AC tuvo el primer acercamiento a este fenómeno migratorio al conocer en abril el arribo de cientos de personas na ´savi provenientes de la Montaña de Guerrero, mayormente de los municipios de Ometepec, Tlacoachistlahuaca, Cochoapa el Grande y Metlatónoc. Las condiciones en las que estas familias se encuentran son las siguientes:

Traslado: Se mueven en camionetas de redilas de manera muy insegura ya que entran por tramos a carretera y con la capacidad de los vehículos sobrepasada. Sin ninguna protección llegan a subir alrededor de 30 a 35 personas adultas así como niñas y niños.

Vivienda: Se alojan en construcciones en obra negra que antes guardaron pesticidas o en casas en obra negra de las comunidades cercanas a los campos; pernoctan hasta 50 personas a ras de suelo, en un evidente hacinamiento; carecen de servicios básicos, como abasto de agua y drenaje, lo que deriva en infecciones. Además, se cocina en fogones, lo que aumenta los riesgos de accidentes.

Salud: Su nivel de salud es precedido por la pobreza endémica que experimentan desde sus comunidades de origen y que se agrava debido a las condiciones precarias en que habitan en su paso por Guanajuato. En particular, los niños padecen una serie de enfermedades, como desnutrición crónica, parasitosis, dermatosis, conjuntivitis, afecciones gastrointestinales e infecciones recurrentes de vías respiratorias.

Educación: Con la nula oportunidad de asistir a una escuela regular debido a sus condiciones de migración, las y los niños jornaleros en su mayoría sólo hablan su lengua materna tun savi, lo que representa un obstáculo incluso para los programas orientados específicamente a población jornalera, debido a que la parte docente no habla la misma lengua. El 60 por ciento presenta analfabetismo y quienes logran la lectoescritura no concluyen el nivel básico.

Trabajo: Debido a que no se emplean con base en contratos formales, son expuestos a violaciones tales como jornadas excesivas de 12 horas de trabajo en condiciones inhumanas: sin poder hidratarse dentro de los campos; la permanencia en los mismos bajo intensos rayos del sol, y con un pago entre 18 y 20 pesos por cada arpilla, que pesa aproximadamente 30 kilos y que deben recolectar y cargar hasta los camiones para que ésta sea contada. Se observa la presencia de mujeres embarazadas dentro de los campos, así como de las niñas y niños que a partir de los seis años de edad ya trabajan en alguna fase del proceso (desyerbe, recolección, empaque, carga y acarreo), mientras que menores de esta edad se encuentran sin supervisión o entre los surcos de chile exponiéndose a picaduras de animales o accidentes con maquinaria.

Alimentación. Los alimentos que ingieren son adquiridos a altos costos en las comunidades rurales. Su dieta es baja en nutrientes; en el caso de los niños, según la evaluación del estado nutricio que se realizó en la experiencia de campamentos en el año 2014, la mayoría presenta cuadros de desnutrición o riesgo de desnutrición.

Los niños migran con sus familias porque el Estado mexicano no ha generado condiciones de vida digna, y por tanto de arraigo en las comunidades rurales-indígenas de nuestro país. Ahí está la primera violación a los derechos humanos.

Esta población es la más vulnerable (indígena, migrante, niño, y se agudiza siendo niña). Trabajan las mismas jornadas que las personas adultas; son quienes presentan los índices más altos de desnutrición, así como enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Las niñas y los niños en edad lactante se encuentran dentro de los surcos de chile o a pie de surco, exponiéndose a una serie de riesgos: infecciones cutáneas por el contacto directo con las plantas que han sido abonadas con químicos, deshidratación por las altas temperaturas en el campo y accidentes por atropello. En fechas recientes, hemos observado que con las medidas de prohibición del trabajo infantil, los niños se quedan solos en bodegas o en las casas que rentan sus padres, bajo la amenaza del patrón, quien teme ser sancionado. Esta situación también mantiene en riesgo latente a los infantes y no se aproxima a una restitución de derechos.

Este es el contexto en el que se inscribe la intervención del Estado en materia educativa:

Según el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública AC (CECIG), en su investigación “Diagnóstico sobre la situación de las políticas públicas y legislación para personas jornaleras agrícolas migrantes en México”, a diferencia de los sexenios anteriores, en el actual lo que se encontró en la Secretaría de Educación Pública en materia educativa para atender a la población jornalera agrícola fue muy poco. Algunos programas desaparecieron o la población quedó desdibujada en los grupos vulnerables de poblaciones indígenas o migrantes. El concepto jornaleros migrantes desapareció de algunos de los programas educativos.

Atención a Adultos. Lo que la investigación arroja en este ámbito también es muy pobre. El Proyecto del Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA) para la Atención de la Población Jornalera Agrícola Migrante –el cual propone ofrecer un servicio de alfabetización y educación básica integral a personas jóvenes y adultas–, sólo presenta en el portal de INEA una descripción general, y la información publicada en la página en 2015 es igual a la del año 2012. No hay información específica de indicadores o avances sobre este proyecto o la población que busca atender. Actualmente se atiende población jornalera en 14 estados del país: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Michoacán, Morelos, Nayarit, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz, y quedan fuera los nuevos circuitos migratorios, como es el caso de Guanajuato.

Desaparición del Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (Pronim). Actualmente el Programa ya no opera y desafortunadamente nunca se realizó una evaluación de impacto que permitiera medir sus efectos en la población atendida. A la población de jornaleros agrícolas se le ha invisibilizado al desaparecer programas o estrategias enfocados específicamente a ésta o al integrarlos en los programas de atención a población vulnerable migrante y/o indígena.

Programa para la Inclusión y Equidad Educativa(PIEE). Es producto de una fusión de siete programas previos correspondientes a los tres niveles educativos (básico, medio superior y superior), que tuvo lugar a partir del ejercicio fiscal 2014. El Programa atiende el problema de la inadecuada e insuficiente oferta de educación pública para las personas en situación de vulnerabilidad. Este grupo incluye a individuos con discapacidad, a indígenas y migrantes y a las y los alumnos con aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos

Es decir, se metió en una bolsa común a toda una población diversa atendida por medio de los establecimientos educativos de: todas las escuelas de educación básica que ofrecen los servicios de educación a indígenas, migrantes, educación especial y telesecundarias; los planteles federales de las Direcciones Generales adscritas a la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) con población estudiantil con discapacidad, y las Instituciones públicas de Educación Superior.

¿Por qué los niños y niñas jornaleras agrícolas no acceden a la oferta educativa?

  1. Porque que cuando migran se incorporan al trabajo. Según el estudio del CECIG: “Las estimaciones sobre el número de niños y niñas trabajadoras en el campo son variables, pero en todos los casos son preocupantes. En el 2009, con los resultados de la Encuesta Nacional de Jornaleros (Enjo), se indicó que 36.6 por ciento del total de personas que trabajan en los campos agrícolas en México eran menores de 15 años, esto es más de 735 mil niños y niñas. Según los últimos resultados disponibles de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), a través de su Módulo de Trabajo Infantil (MTI), en 2015 hubo 660 mil 135 menores de entre cinco y 17 años de edad trabajando en el sector agropecuario. En el trabajo infantil, se violentan todos los derechos ya que se omite el acceso a los derechos de los niños y niñas. Sin embargo, las estrategias para erradicar el trabajo infantil han sido insuficientes e ineficaces. Lo que encontramos ahora es una criminalización de las familias, lo cual se aleja de la restitución de derechos.

  2. Porque la oferta es de difícil acceso. La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) ha hecho un esfuerzo importante pero su oferta se reduce a instalar espacios educativos durante las tardes, después de que los niños y niñas estuvieron laborando y esperando la conclusión de su jornada de trabajo (ocho a 12 horas), a pie de zurco y sin haber ingerido alimentos saludables.

  3. Porque no tiene un significado de importancia la inversión de tiempo en la educación. Porque la lógica de sobrevivencia requiere el trabajo infantil.

  4. Porque los maestros no hablan la lengua, no están capacitados. Basta con revisar el documento del INEE sobre directrices; una de ellas plantea justamente la profesionalización docente.

El tema de la educación en la infancia es vital en especial para la población jornalera agrícola; por medio de ésta se puede garantizar de cierta manera una mejor oportunidad de desarrollo, ya que quienes completan oportunamente la escolaridad tienen mayores posibilidades de continuar y concluir la educación posterior.

No obstante, a pesar de estos programas, el rezago es acumulativo y no se ve que disminuya; el constante movimiento de esta población va creando un desfase en la edad de las y los niños de acuerdo con el grado escolar, provocando la deserción, y esto se da mayoritariamente en escuelas rurales e indígenas.

En la actualidad, sólo entre 14 y 17 por ciento de los niños y jóvenes migrantes asisten a la escuela, a pesar de que el gobierno lleva más de 30 años impulsando acciones y programas para esta población. El presupuesto educativo para este grupo ha disminuido; actualmente se gastan 14 mil pesos por estudiante en promedio en el país, pero para hijos/as de jornaleros migrantes apenas son tres mil, según el Instituto para la Evaluación de la Educación (INEE). Por otro lado, no está claro hasta qué punto funciona el Sistema Nacional de Control Escolar de Población Migrante (Sinacem), que fue creado para que las y los hijos de jornaleros migrantes pudieran continuar sus estudios en origen y destino.

En este sentido, se puede afirmar que la acción pública desplegada para la atención educativa de este grupo es insuficiente y muchas veces poco pertinente. La Secretaría de Educación Pública (SEP) estima que existen entre 279 mil y 326 mil niñas, niños y adolescentes migrantes agrícolas en edad de cursar la educación básica. “La investigación educativa ha señalado que esta población sufre diversas carencias educativas: la falta de disponibilidad de servicios educativos o de oportunidades para una trayectoria escolar continua; la atención por parte de figuras educativas con formación o experiencia profesional insuficiente; y la carencia de mobiliario y condiciones adecuadas para el aprendizaje en sus escuelas. Lo más preocupante es que este es un problema crónico; investigaciones realizadas entre 2000 y 2012 describen un estado similar, a pesar de la implementación de programas gubernamentales destinados a revertir este panorama” (INEE, 2016, citando a Rodríguez).

“Los empresarios agrícolas propietarios de los campos de cultivo donde laboran padres o tutores de niñas y niños migrantes agrícolas, juegan un papel importante en la disponibilidad de servicios educativos, ya que pueden ser gestores ante la autoridad educativa para su instalación y contribuir con diferentes aportaciones para su funcionamiento. Sin embargo, también pueden actuar en contra del derecho a la educación de esta niñez, negando a las instancias oficiales responsables de atender a esta población el acceso a su propiedad” (INEE, 2016: 9, citando a Rodríguez, 2009; Rojas, 2011a; y UAN, 2014).

En conclusión, existe una oferta educativa diferenciada: de primera, segunda y hasta de tercera calidad, que se traduce así: para los más pobres los peores servicios. Esta falta de equidad nos aleja del ejercicio de los derechos. Y por otro lado, la portabilidad del derecho, entendida como la capacidad de preservar, mantener y transferir derechos sociales no se puede ejercer porque no hay la infraestructura requerida. Sobre todo en las nuevas rutas migratorias no existe una relación del ejercicio del derecho a la educación con el resto de los derechos. No existen estancias infantiles, ni albergues, ni guarderías. Se encuentran invisibilizados y solo sabemos de ellos cuando sucede un accidente automovilístico durante su traslado.

La publicación reciente de las “Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes”, del INEE, da un diagnóstico acertado de la situación y plantea estrategias concretas para su abordaje. Todos los estados, además de la propia SEP han respondido aceptándolas. El reto ahora es la generación de indicadores de seguimiento que permitan conocer el avance real que los estados y la federación hagan en esta materia.

Otra herramienta, que se desprende de la Ley de los niños, niñas y adolescentes es la instalación de los Sistemas de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA), los cuales plantean un sistema orgánico de promoción y defensa de los derechos y donde en varios estados el tema el del trabajo infantil resulta relevante. Sin embargo, para que estos esfuerzos sean “algo” funcionales, requieren asignaciones presupuestarias mucho mayores que las actuales. En los hechos, se ha reducido la inversión social.

Consideraciones:

  1. El Estado mexicano no puede pretender que sólo por sacar a los niños y niñas de los campos se restituyen los derechos. El ejercicio de los derechos es progresivo e interdependiente.

  2. Esta población requiere servicios educativos de calidad. Ofrecer los peores servicios a los más pobres implica discriminación. Las Directrices del INEE son un horizonte pertinente sin embargo se requieren las partidas presupuestarias necesarias y flexibles para adecuarse a la complejidad de la atención.

  3. Es fundamental asegurar condiciones laborales dignas para la exigencia del servicio, y priorizar el servicio educativo en la lengua materna.

  4. Se requieren una vinculación interestatal que permita dar seguimiento a la trayectoria de las y los niños en los ciclos y rutas.

  5. Es importante que, por derecho, cuando se trate de población indígena, el enfoque intercultural sea obligatorio, con un digno y respetuoso para todo tipo de manifestaciones culturales: alimenticias, de relación con la tierra y de vínculos familiares, productivos o educativos.

Como consideración final, la raíz del problema (en este caso, el ejercicio del derecho a la educación) no se atacará con mejoras por medio de políticas públicas compensatorias, sino con la trasformación radical de las pautas de desarrollo, mismas que hoy mantienen a las comunidades indígenas en una situación propia del siglo XVI. Por la emergencia de la vulnerabilidad con que arriban las familias jornaleras, se requiere enfrentar integralmente las condiciones oprobiosas en que actualmente desarrollan su trabajo las familias migrantes. Es un asunto humanitario y más propiamente dicho, de justicia social.

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