Poco menos de 5 por ciento de los subsidios (federales y estatales) destinados a fortalecer las tareas de seguridad pública en 2017 han sido ejercidos por las autoridades locales.

Si bien al corte informativo de mayo falta por entregar a las autoridades locales la mitad de los montos programados, de lo que ya han recibido el gasto es mínimo, pese al incremento, a niveles sin precedentes, de la inseguridad y la violencia.

De dichos recursos, la mayor parte se ha gastado en la compra de equipo y en la evaluación de los policías.

En tanto, prácticamente nada se invierte para mejorar la capacidad de búsqueda de personas o apuntalar los sistemas penitenciarios y de ciencias forenses, esta última, fundamental en la investigación criminal.

Estos datos se desprenden de un reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de la Secretaría de Gobernación.

Para 2017 se programó un gasto de 9 mil millones de pesos, en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), esto es, una bolsa alimentada principalmente con recursos federales (6 mil 900 millones). El resto (2 mil millones) lo ponen las entidades federativas.

Entre las metas del fondo destaca el desarrollo de pilares básicos acerca de la seguridad y procuración de justicia. Por ejemplo, desarrollo de ciencias forenses, certificación policial, información para la seguridad pública; equipo y operación policial, e infraestructura para llamadas de emergencia.

A cifras de mayo, el sistema reporta un gasto pagado, ejercido y devengado de poco más de 600 millones de pesos, principalmente en infraestructura y equipamiento (224.2 millones) y certificación policial (114.5 millones) .

Muy a la zaga está el gasto en el resto de conceptos.

Para el apuntalamiento de búsqueda de personas sólo están programados (para los primeros cinco meses del año) 300 mil pesos en todo el país. Si bien es responsabilidad de procuradurías y fiscalías, en el subsidio del FASP este problema es casi inexistente, a pesar de que se han alcanzado cifras superiores a 30 mil casos de personas no localizadas.

Igualmente, hay restricción en la aplicación de gasto, a pesar de que en mayo pasado se alcanzaron cifras sin precedentes en homicidios dolosos, y ese mes se ubicó como el más violento desde que se hacen estas cuentas, en 1997.

Así, de acuerdo con la estadística de Gobernación, a mayo pasado los estados sólo habían pagado, ejercido y devengado 405.9 millones de aportación federal y 219.6 de gasto estatal.

También hay contención de gasto en aspectos de información para la seguridad pública, el sistema de emergencia 911 y la prevención del delito.

Ello, a pesar de que sigue en aumento el número de casos de desaparecidos. A escala federal (expedientes a cargo de la Procuraduría General de la República)pasaron de mil 79 en abril a mil 89 en mayo, es decir, no sólo no se ha logrado disminuir la dimensión del problema, sino que continúa el ascenso; en este caso, 10 personas fueron reportadas desaparecidas, en sólo 30 días, presumiblemente relacionadas con la comisión de delitos graves.

Como se ha difundido, a escala nacional (casos de responsabilidad local y federal), la suma de personas no localizadas (incluidos expedientes rezagados más allá de 2007) se tiene un incremento constante; el total, al corte de abril, para el ámbito local, y de mayo, para el federal, rebasa los 31 mil carpetas.