ás allá de los concernidos de manera directa e incluso para algunos de éstos –como a menudo muestran las declaraciones de, digamos, el ministro del Exterior británico, Boris Johnson– Brexit ha resultado un proceso incomprensible, impenetrable e inextricable. Un listado de las contradicciones e imprecisiones en que ha incurrido la primera ministra Theresa May sería tan largo como el catálogo de las mentiras de Trump en su primer medio año de (des)gobierno, puesto al día la semana pasada por el Times de Nueva York. La confusión, desde luego, no es exclusiva del Reino Unido y se deja sentir lo mismo en Bruselas, sede de la Unión, que en otras capitales, desde Lisboa hasta Atenas y Helsinki. En el Reino Unido (RU), además, ha alentado y complicado el debate político interno y apresurado las ambiciones sucesorias en los diversos partidos.

Los cuatro meses corridos desde el inicio formal del plazo de dos años para convenir en los términos del retiro británico, que vence el 29 de marzo de 2019, transcurrieron bajo el signo de la confusión y el desconcierto y se agotaron en forma improductiva para ambas partes: en el RU apareció el debate sobre exit Brexit (salir de la salida), que protagonizaron líderes deseosos de reciclar sus opciones y oportunidades como Tony Blair y el liberal demócrata Nick Clegg. Se debatió también un improbable segundo referendo y, de manera reiterativa, la alternativa entre un “ Brexit duro”, que abarque el abandono del mercado único y de la unión aduanera, defendida al principio por May, y algo más amigable (para las empresas) propuesto por Hammond, entre otros. En el continente el debate giró sobre la agresividad y alcance de las exigencias europeas y el grado de dureza o flexibilidad con que debía reaccionarse ante las demandas británicas.

El veredicto más aceptado sobre los dos primeros turnos de negociación, entre las delegaciones presididas por Michel Barnier y David Davis, se expresó, en forma muy simplista, como un marcador: 2-0. Los británicos aceptaron que los términos de liquidación de sus débitos –que algunos llamaron reparaciones y que abarcan pagos vencidos o diferidos y contribuciones futuras ya previstas– deberán quedar convenidos antes del inicio formal de la negociación sobre la arquitectura de las relaciones comerciales, económicas y financieras entre el RU y la UE después del perfeccionamiento del retiro. El segundo tanto fue admitir que, después de marzo de 2019 y al menos durante un periodo de transición de dos, tres o cuatro años, el Reino Unido seguirá sujeto a diversos aspectos de la legislación europea. Algunos de éstos aluden a las cuestiones más objetadas por los impulsores de la salida: residencia y derechos de los inmigrados desde el resto de la UE y continuada sujeción a la Corte Europea de Justicia. Este trago ha sido muy amargo para los eurófobos radicales.

Al iniciarse el receso parlamentario de verano –habiéndose ya aceptado, al menos informalmente, la necesidad de un lapso de transición después de marzo de 2019 y desechado la idea (suicida) de llegar al borde del precipicio y simplemente saltar, tan cara a los brexiters más recalcitrantes–, la cuestión más debatida en el RU es la extensión de la transición, durante la cual, para todo propósito práctico, el Reino seguirá teniendo las obligaciones de un país miembro, aunque sin derecho a participar en las decisiones de la UE. Este espinoso asunto está muy vinculado a otro también peliagudo: el momento de una nueva elección general, que nadie imagina pueda demorarse hasta el fin natural de la legislatura en 2022.

Hubo momentos, en junio y julio, tras la debacle electoral y en medio de la confusión sobre Brexit, en que la defenestración de May pareció inminente. (Ver el excelente artículo de Alejandro Nadal en La Jornada de ayer.) Pero los propios interesados decidieron esperar un mejor momento, en este mismo año. Al apoyar la idea de una transición lo más breve posible, en lugar del Brexit duro que antes favorecía, la primera ministra adquirió una póliza de seguro: sería impropio remplazarla mientras una definición tan importante esté en el aire.

Quizá el disenso mayor respecto de lo prolongado del lapso de transición se encuentre dentro del gabinete de May y ha sido alimentado por informaciones, no siempre claras y precisas, respecto del número y alcance de los ajustes o reformas legales y reglamentarias que deberá realizar el RU para realmente desligarse de las instituciones europeas y (re)establecer sus propios procedimientos e instituciones. Algunos analistas hablan de la mayor parte de un decenio, al considerar que fue un periodo así de largo el que se requirió para perfeccionar la vinculación británica con Europa, a pesar de que el RU optó por permanecer al margen de varios arreglos de la UE. Se teme que mientras más prolongada sea la transición más se demorará la negociación de acuerdos de comercio e inversión bilaterales entre el RU y varias docenas de países, entre los que México (adicto a los acuerdos de libre comercio) ya ha dicho que desea contarse. Por su parte, Trump afirmó, en un tuit el martes 25, que él ya está negociando un acuerdo comercial mayúsculo con el RU–nueva contribución al catálogo arriba mencionado.

El reverso de la medalla de la desgracia electoral de May fue, como se sabe, la epifanía que esa elección general supuso para Jeremy Corbyn, el líder laborista. La idea de que la negociación de Brexit –con todas las complejidades que ya se han señalado y muchas otras no mencionadas– sea confiada a un nuevo gobierno parece ganar fuerza y la imagen de Corbyn como líder efectivo ya no se desdeña. Aunque en estos momentos constituye una hipótesis descabellada, en una situación tan volátil e indefinida, puede afianzarse la noción de que a un nuevo gobierno correspondería, más que negociar Brexit, negociar la “ exit de Brexit”, como antes se dijo. Este planteamiento supone que, en palabras de Tony Blair, se encuentre alguna forma de evitar que, a pesar del resultado del referendo, el Reino Unido abandone la Unión Europea. Se ha recordado que en 1975 los británicos decidieron, en referendo, adherirse a la UE; en 2015, en otro referendo, optaron por la salida. Entonces, pueden optar en un futuro cercano por cancelar la ruta de salida. En Europa se sabe bien que los referendos no son irreversibles. Hay varios ejemplos. No me atrevo a aventurar ningún pronóstico.