Pese a que en el discurso la prioridad del gobierno federal en materia de gasto es atender las necesidades de los grupos más vulnerables en términos de salud, educación, desarrollo social y rural, entre otros, a la hora de ejercer el presupuesto dichas áreas han mostrado subejercicios en años recientes, mientras en los ramos vinculados a funciones de gobierno (como la Presidencia de la República, Gobernación y Hacienda) el comportamiento observado es inverso, es decir, se ejercen normalmente recursos por encima de lo aprobado, señala un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).

Existe un comportamiento recurrente en el ejercicio de los recursos aprobados, que debe contrarrestarse, toda vez que en última instancia se refleja en la no consecución de los principales objetivos de la política de gasto en materia de desarrollo social y económico de los grupos más vulnerables, señala el análisis.

Si bien aclara que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) no se fijan de manera expresa cuáles son las prioridades de gasto del sexenio, señala que éstas se pueden deducir de las cinco metas nacionales que se establecen en dicho documento: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global.

Es decir, se infiere que para la presente administración las prioridades de la política de gasto son: la inclusión social, la educación y la productividad.

Al comparar los montos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF, en donde se establece la planeación que se hará sobre los recursos del año que inicia), con los de la Cuenta Pública, (donde se registran los gastos efectivamente realizados por el gobierno federal en el ejercicio en cuestión), el estudio encontró que en los pasados nueve años, los recursos ejercidos al cierre del ciclo, invariablemente, han superado los montos aprobados, aunque la variación registrada en 2016 es la más alta del periodo.

Más aún, revela que en términos generales en los sectores más vinculados a las prioridades de gasto, tales como salud, desarrollo social y agricultura, en el periodo referido sus presupuestos ejercidos son inferiores a los que originalmente les aprobó la Cámara de Diputados; mientras en los ramos vinculados a funciones de gobierno, el comportamiento observado es inverso.

En el caso de la Secretaría de Salud, en 2016 se presupuestaron 132 mil millones de pesos y se ejercieron 124 mil; mientras la Secretaría de Desarrollo Social tenía presupuestados 109 mil millones y se ejercieron 106 mil, y en Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación el presupuesto fue de 84 mil millones y se ejercieron 79 mil millones.

En cambio la Presidencia tenía un presupuesto el año pasado de mil 900 millones y gastó 3 mil 500; Gobernación tenía 67 mil y gastó 83 mil y Hacienda tenía un presupuesto de 28 mil millones y ejerció 48 mil.

Este comportamiento puede originarse por diversas razones, desde economías en la aplicación de los recursos hasta deficiencias en la programación y presupuestación de los mismos, refiere el reporte.

El estudio destaca que aunque desde 2008 a la fecha el gasto destinado a funciones sociales concentra más de 50 por ciento del gasto programable de la Federación, éste no ha sido suficiente para reducir la pobreza y propiciar la prosperidad del país planteada en el PND.

Por el contrario señala que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el gasto social en México es muy bajo para eliminar la pobreza y hacer que la sociedad sea más incluyente, en consecuencia resulta contradictorio que aun cuando el Congreso aprueba recursos para las prioridades de gasto, e incluso ampliaciones sobre las propuestas de gasto originales del Ejecutivo, éstos no se ejerzan en su totalidad.