Mundo
Ver día anteriorViernes 11 de agosto de 2017Ver día siguienteEdiciones anteriores
Servicio Sindicado RSS
Dixio

El empresario que los denunció podría perder la inmunidad

Sin comprobar, presuntas cuentas de Lula y Rousseff fuera de Brasil: fiscal
Sputnik
 
Periódico La Jornada
Viernes 11 de agosto de 2017, p. 27

Río de Janeiro.

El fiscal federal brasileño Ivan Claudio Marx aseguró este jueves que por el momento no hay pruebas de que los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016) tuvieran cuentas secretas en el extranjero en las que recibieran donaciones ilegales, como acusó el dueño del grupo cárnico JBS, Joesley Batista, en sus declaraciones a la justicia.

Su historia es insostenible; pedimos documentos para comprobarlo y no trajo nada, explicó el fiscal encargado de las investigaciones, según recoge el diario Folha de Sao Paulo.

Batista aseguró que los dos líderes del Partido de los Trabajadores (PT) recibieron hasta 150 millones de dólares en sobornos en dos cuentas que él abrió fuera de Brasil y que supuestamente manejaba el ex ministro de Economía y Hacienda, Guido Mantega.

Según el fiscal, el relato de Batista tiene varias incongruencias, porque las dos cuentas estaban a su nombre y él era quien las operaba, y porque no logró probar que tanto Lula como Rousseff sabían que esas cuentas corrientes existían, entre otros puntos que levantaron sospecha.

Si la fiscalía comprueba que Batista mintió, éste podría perder la inmunidad que logró al pactar con la justicia que aportaría detalles sobre la trama corrupta, en lo que se conoce como delaciones premiadas.

Batista está en el epicentro de la crisis institucional que vive Brasil, ya que en sus confesiones acusó a decenas de políticos de recibir sobornos, entre ellos al actual presidente, Michel Temer.

La Procuraduría General denunció a Temer para que pudiera ser investigado, pero la Cámara de Diputados archivó la denuncia.

Desde que en marzo de 2014 empezaron las investigaciones de la operación Lavado Rápido, muchos políticos cuestionaron la validez de las delaciones por considerar que favorecen a delincuentes que pueden ver reducida su pena a cambio de aportar información que no siempre es verídica.