El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, rechazó una contrarreforma al sistema de justicia penal acusatorio.

Sería un paso en dirección equivocada; no se debe regresar al sistema anterior, donde, según datos oficiales, 13 por ciento de las detenciones se daban sin orden de aprehensión y al menos una tercera parte de los procesados sufrieron tortura.

Durante el foro La justicia que México necesita: mitos y realidades del sistema acusatorio, organizado por el Instituto Belisario Domínguez, legisladores, magistrados y expertos se pronunciaron en contra de incrementar el catálogo de delitos que requieren prisión preventiva.

Jarab recalcó que bajo la perspectiva de la ONU, no debería existir una lista de actos ilegales que ameriten prisión preventiva, y de ser así, debe ser disminuida. “Es algo que podría potenciar la fabricación de dichos delitos”, advirtió.

Es preocupante, expuso, el populismo penal que lleva a algunos políticos a criticar públicamente no sólo el sistema, sino también a los jueces.

A su vez, el titular de la unidad de implementación de la reforma penal, del Consejo de la Judicatura Federal, el magistrado Juan José Olvera, sostuvo que el sistema está funcionando, y dio cifras.

Expuso que de 34 mil asuntos ventilados a escala federal, sólo en 22 por ciento el Ministerio Público pidió prisión preventiva, y logró que se concediera en 70 por ciento.

Esto quiere decir que en el ámbito federal, sólo 16 por ciento de los imputados lleva el proceso en la cárcel, contra 50 por ciento que se daba en el anterior sistema.

Por su parte, el presidente del Instituto Belisario Domínguez, el senador Miguel Barbosa, consideró un exceso que se califique al nuevo sistema penal acusatorio de la puerta giratoria que permite la liberación de delincuentes, cuando la prisión preventiva ha estado prevista desde tiempo atrás.

Es una forma de ocultar la falta de preparación para llegar al punto de la aplicación de este proceso. Ocho años se tuvieron en todos los órdenes de gobierno para construir una infraestructura y capacitar a los agentes del Ministerio Públicos, a jueces, peritos y policías para poder hacer de la aplicación del proceso penal algo exitoso, insistió.

El coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, dijo que las dudas y rechazo hacia el sistema se explican por mala fe o por ignorancia, pero el Poder Legislativo tiene ante sí la obligación de perfeccionar, unificar y homologar los instrumentos legales de ese nuevo modelo, cuya esencia es evitar la impunidad, proteger al inocente y reparar efectivamente los daños producidos por el delito.