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La seguridad no es tarea del Poder Judicial, señala la Corte
Andrea Becerril
 
Periódico La Jornada
Viernes 11 de agosto de 2017, p. 18

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, defendió a jueces, magistrados y ministros frente a las críticas que los responsabilizan de la liberación de delincuentes y el incremento de la violencia, al aplicar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio.

Consideró que se requiere un diagnóstico minucioso sobre ese modelo de justicia, que no es, destacó, un sistema de prisiones o de libertades, sino de protección de derechos fundamentales.

No es tarea ni responsabilidad del Poder Judicial de la Federación mejorar las condiciones de seguridad del país; nosotros cumplimos juzgando frente a la sociedad, conforme a los derechos reconocidos por la Constitución, y esa labor “no la vamos ni podemos abandonar por cualquier crítica.

Somos protectores de los derechos de todos

Los jueces son protectores, en primer lugar, y sin adjetivos, de los derechos de todos. Ni de los delincuentes ni de las víctimas, sino de todos, advirtió.

Al participar en el Senado en el foro La justicia que México necesita: mitos y realidades del nuevo sistema acusatorio, el presidente de la Suprema Corte insistió en que el Poder Ejecutivo federal “ha cumplido cabalmente con la parte que le toca en la implementación y consolidación del modelo oral.

La problemática de seguridad pública que vive el país demanda de los jueces mayores esfuerzos en la tarea de juzgar, que bajo ningún concepto puede ser usada como pretexto para olvidar el respeto a los derechos que el propio Constituyente ha reconocido en favor de quien se le imputa un delito y a quien lo sufre: la víctima.

Asimismo, dijo que en la Suprema Corte son respetuosos de todas las visiones críticas sobre el nuevo sistema de justicia penal, pero es evidente que aún quedan aspectos por mejorar.

En ese sentido, consideró que es preciso y urgente hacer un diagnóstico minucioso que, en su caso, nos permita identificar las áreas de oportunidad correspondientes, pero el compromiso es consolidar las instituciones que garanticen que se repare el daño a la víctima y que se castigue sólo a quien sea hallado culpable.

Cuestionado al final por los reporteros sobre la posible reforma legal para ampliar los casos de prisión preventiva, respondió que es el Congreso al que corresponde hacer cambios al sistema penal acusatorio.