Los maltratos y abusos sexuales que habría sufrido una joven con discapacidad intelectual en un albergue religioso subrogado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) demuestran la necesidad de acabar con el sistema de reclusión de dichos pacientes en lugares donde se encuentran aislados, subrayó Lisbet Brizuela, directora en México de la organización Disability Rights International.

Las instituciones como albergues, siquiátricos y casas-hogar son inherentemente peligrosas, no importa qué tan bonitas, qué tan limpias o con cuánto personal cuenten, pues son espacios ciento por ciento segregadores, en donde las personas con discapacidad no cometieron ningún delito, pero están ahí de por vida, alertó la especialista.

El caso dado a conocer por este diario (La Jornada, 14 de agosto de 2017) no es novedoso y se va a repetir una y otra vez hasta que no terminemos con el sistema de institucionalización, al cual recurren muchas familias de personas con discapacidad porque no tienen recursos suficientes para hacerse cargo de sus seres queridos, lamentó.

Luego de subrayar que el DIF y otros organismos públicos no han tomado medidas para evitar abusos contra niñas, niños y adolescentes, a pesar de que ya tienen conocimiento de ellos, Brizuela puntualizó que otro factor de riesgo es la falta de monitoreo sistemático a dichas instituciones, sobre todo las privadas, como lo demuestra el caso del albergue La Ciudad de los Niños, dirigido por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías.

Una prueba de esta falta de supervisión, agregó, es que a la fecha ni siquiera hay un número exacto de cuántos albergues y casas-hogar hay en todo el país y cuántas personas se encuentran internadas en ellas, por lo que es urgente migrar hacia un modelo de pequeñas estancias, diseñadas para dos o tres pacientes, que no impliquen un aislamiento de la comunidad.

Estos lugares, que pueden estar en cualquier vecindario o colonia, incluso son mucho más baratos que los instituciones, destacó Brizuela.

La urgencia de acabar con los modelos de institucionalización, además, obedece a que México ya se comprometió a avanzar en ese sentido, al firmar en 2007 la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En 2014, recordó la activista, el comité de seguimiento de dicha convención subrayó la importancia de retomar las acciones para no internar a las personas con discapacidad, pero en México sigue sin haber ningún cambio o avance.