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Lecciones del azúcar ante la modernización del TLCAN
L

a negociación anticipada del azúcar, considerada el prólogo de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que ayer inició sintetiza una cadena de errores del gobierno mexicano, que lo colocan en una posición de gran debilidad. La larga disputa por el azúcar se convirtió en una moneda de cambio de la actual administración, sacrificable para salvar la renegociación total y en un botón de muestra de cómo serán las negociaciones entre la superpotencia y el gobierno débil y sin consensos de nuestro país.

El secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, planteaba la importancia de encontrar una solución que mantenga el balance de edulcorantes en ambos mercados, pero nunca incluyó las importaciones de fructosa en el acuerdo.

A principios de los noventa, durante la negociación del TLCAN, México era un importador neto de azúcar, pero tenía una pequeña cuota de exportación a Estados Unidos de 8 mil toneladas. Los negociadores mexicanos apostaban que la privatización de los ingenios aumentaría la producción y la productividad y solicitaron a Estados Unidos una cuota para exportar 1.65 millones de toneladas, que no fue aceptada. El TLCAN aumentó a México la cuota de exportación libre de impuestos sólo hasta 25 mil toneladas entre 1994 y 2000, y hasta 150 mil toneladas entre 2001 y 2007 a condición de tener excedentes. Incluso en este último periodo podría tener un acceso ilimitado si registraba superávit por dos años seguidos.

Este acuerdo original levantó un fuerte debate, porque la industria del azúcar en Estados Unidos había enfrentado ya en la década de los ochenta el cambio de azúcar por jarabe de maíz de alta fructosa en la industria refresquera.

México había establecido 15 por ciento de arancel para las importaciones de azúcar y 210 por ciento para las de fructosa, ambas a eliminarse en 15 años. Las cartas paralelas sobre el azúcar firmadas como condición para que el gobierno de Clinton aceptara el TLCAN, especificaron que para que México fuera superavitario, debía considerar también el consumo de fructosa. Así la condición de excedentario nunca se cumplió en el periodo de transición entre 1994 y 2007.

A partir de 2008, los mercados de los dos países están liberalizados para todos los productos agropecuarios. Las importaciones de fructosa provenientes de Estados Unidos aumentaron rápidamente hasta alcanzar 900 millones de dólares en 2012. En contraparte las exportaciones mexicanas de azúcar también se dispararon y alcanzaron 175 millones de dólares en 2013. La industria azucarera de Estados Unidos respondió solicitando a la Comisión de Comercio Internacional una investigación antidumping y por subsidios compensatorios. México fue encontrado culpable por esta comisión que comprobó que el azúcar mexicana se exporta con márgenes de dumping. Los subsidios se refieren a la expropiación y rescate de los ingenios en quiebra que hizo el gobierno de Fox para después de saneados devolverlos a sus antiguos dueños. Esto pemite a Estados Unidos aplicar aranceles de cerca de 80 por ciento. Para evitarlos, los dos países llegaron a un acuerdo de suspensión en 2014. México se comprometió a cumplir con topes de volumen y precio y con un calendario para las exportaciones. Así la liberalización del TLCAN quedó sin efecto para el azúcar.

También los industriales mexicanos de azúcar solicitaron a la Secretaría de Economía una investigación por la importación de fructosa a precio dumping. Economía concluyó en 2015 que si bien las importaciones de fructosa se realizaron con márgenes de subvaloración, no continuaría la investigación, pues no causaba daño a la producción de azúcar.

A fines del año pasado las corporaciones azucareras de Estados Unidos reclamaron que los acuerdos de suspensión no las protegían suficientemente y establecieron como fecha límite el 5 de junio pasado para llegar a un nuevo acuerdo a riesgo de imponer los aranceles. El 6 de junio concluyó la disputa con un nuevo convenio.

Wilbur Ross, secretario de Comercio y responsable de la negociación por Estados Unidos, declaró: “Hemos conseguido que la parte mexicana acepte casi todas las demandas hechas por la industria azucarera estadunidense para resolver los defectos del sistema actual y garantizar un trato justo a los productores y refinadores de azúcar de América”. En tanto que el secretario Guajardo, responsable de la parte mexicana, intentaba difundirlo como un éxito, pues mantiene el acceso del azúcar mexicana al mercado estadunidense y cualquier demanda adicional será ofrecida a México. Los azucareros mexicanos declararon que ellos definitivamente sacrificaron mucho, en tanto que la calificadora Moody's para América Latina resumió el sentir general: Lo que vimos es que México aceptó el castigo que le impuso Estados Unidos.