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En 2014, empresas obtuvieron amparos de la Corte para incumplir con disposiciones legales

Exigen parar actividad de mineras en Guerrero; eluden pagos al fondo

La Fenagro llama a definir normas que permitan recaudación justa y las obligue a pagar derechos

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La mina El Bermejal, en la comunidad de Carrizalillo, municpio de Eduardo Neri, en Guerrero, es una de las más grandes en extracción de oro en América LatinaFoto Sergio Ocampo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 26 de agosto de 2017, p. 23

Chilpancingo, Gro.

Integrantes de la Federación de Núcleos Agrarios del Estado de Guerrero (Fenagro), exigieron al gobierno federal y a las empresas extractivistas suspender sus actividades hasta que se defina un marco regulatorio y leyes adecuadas que permitan una recaudación justa del Fondo Minero de Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.

Encabezados por Javier Curtidor Méndez, Jesús Basilio Goytia y Juan Alberto Urbano, denunciaron que las mineras en Guerrero dejaron de aportar recursos a este fondo, luego de que se reformó la Ley Federal de Derechos aprobada en 2013 que establecía que debían construir y equipar escuelas, pavimentar calles, edificar rellenos sanitarios, tratadoras de aguas residuales y sistemas de drenaje.

Curtidor Méndez, representante jurídico de la Fenagro, recordó que en 2014 las mineras interpusieron un amparo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en su favor, al disfrazar los impuestos nombrándolos como derechos para que pudieran eludir las disposiciones de la ley de 2013, por lo que ahora la actual norma les permite negarse a realizar su aportación al fondo respectivo.

La vía de los amparos

Los legisladores crearon estas reformas pensando en apoyar (a las mineras), pues cualquiera que decida no aportar los derechos al fondo minero sólo sigue el camino de ampararse. Con esta decisión los empresarios no son sujetos al impuesto y lo dejan de pagar. La repercusión se verá reflejada en 2018 cuando surtan los efectos los recursos interpuestos.

Los concesionarios mineros podían ceder derechos a un tercero para que las ganancias que pudieran obtener fueran por las ventas y no por material extra-ído. Esa determinación se disfrazó de gravamen al derecho, lo que violentó la proporción establecida en la ley, pues la jurisprudencia permite a las empresas mineras auxiliarse en elementos como beneficio aproximado obtenido por ventas y no por el deterioro ocasionado ni por la explotación de la tierra, expuso.

Mencionó que este fondo ahora se compone de tres derechos: el especial minero, con 7.5 por ciento de los ingresos de los concesionarios por la extracción de materiales; el adicional sobre minería, con .5 por ciento sobre los ingresos de los concesionarios por la extracción de oro, plata y platino; y el extraordinario sobre minería, cantidad fija cobrada a los concesionarios que en dos años no extraigan ningún tipo de material.

Insistió que por esta situación la Fenagro demanda el paro total a la actividad minera mientras no haya leyes adecuadas, y sea el gobierno federal, por medio de la recaudación participable, la que reintegre las cantidades que se dejaron de recibir, y el Congreso de la Unión modifique la ley de impuestos sobre la renta, sin que las empresas opten por modificar su comprobación tributaria.

Piden intervención de Economía

Demandó la intervención de la Secretaría de Economía para que se obligue a estas empresas a cumplir cos sus aportaciones en las comunidades donde ya existen trabajos de explotación de oro, como en la ribera del río Mezcala y la región de Tierra Caliente, para garantizar que esos recursos lleguen a los municipios mineros.

Curtidor Méndez explicó que el fondo minero es coordinado a escala nacional por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y en el caso de Guerrero se anunciaron 60 millones de pesos que se ejercerían en 2015 correspondientes a 2014. Sin embargo, en la reforma a la ley que se realizó en 2013, y entró en vigor en 2014, los recursos se aplicaron en 2015.

El representante jurídico de la Fenagro refirió que sólo cinco municipios se beneficiaron con esos 60 millones de pesos: Tetipac (zona norte); Eduardo Neri (zona centro); Coyuca de Catalán, Arcelia (en la Tierra Caliente), y Petatlán (en la Costa Grande); los demás municipios mineros, como Cocula (zona norte), quedaron fuera.

En tanto, el gobernador Héctor Astudillo Flores recorrió las instalaciones de la canadiense Media Luna, en compañía del presidente del Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego y Alfredo Phillips Greene, presidente del clúster minero de Guerrero. Este grupo invierte 800 millones de dólares y es considerada la mina más importante de oro en México.

El pasado miércoles al mandatario priísta le informaron de las actividades que realizan y los procesos para la extracción del oro, así como también la producción que genera la empresa canadiense en la entidad.

En un comunicado, el gobernador precisó que visitó el campamento, lugar donde habitan todos los trabajadores y directivos de la empresa para convivir con ellos, cabe destacar las acciones de beneficio social que realizan en bien de la comunidad y conservación de la ecología.

Astudillo agradece a inversionistas

Astudillo Flores agradeció la confianza de los inversionistas por destinar su capitales en Guerrero y reconoció la oportunidad de empleos que generan para los guerrerenses, lo que permite mejorar el nivel de vida, en especial de los habitantes de esa zona, al contar con un trabajo en su lugar de origen y bien remunerado.

Salinas Pliego reconoció las acciones que realiza Media Luna con tecnología de punta y con los más altos niveles de responsabilidad y estándares para extraer el mineral lo que la ubica como una de las mejores del mundo, refirió en el comunicado.

Este viernes Astudillo Flores reiteró que en Guerrero no es conveniente que se suspenda la extracción de minerales como lo demanda la Fenagro, porque ello afectará a personas que laboran en las minas y muchas de ellas son guerrerenses.

Dijo que esa ruta no es la adecuada, y la Secretaría de Hacienda y los concesionarios deben dialogar y llegar a acuerdos para que la derrama hacendaria que reporten las mineras llegue a los municipios de Guerrero.

Reconoció que hace falta justicia en la distribución de las ganancias de estas empresas hacia los pueblos del estado, donde tienen presencia y explotan los recursos naturales.

El gobierno del estado ha dialogado con empresarios y representantes que invierten en las minas de la entidad, como el presidente del Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego y Alfredo Phillips Greene, de clúster minero de Guerrero, con quien se ha pactado compromisos de atender el asunto del fondo minero y que los recursos que se reporten a la Secretaría de Hacienda lleguen a los municipios de Guerrero, puntualizó.