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Fue receptor y ejecutor de recursos oficiales; su gestión debe ser de escrutinio público: Inai

Piden al sindicato ferrocarrilero rendir cuentas sobre el fideicomiso 2000-2014
 
Periódico La Jornada
Martes 5 de septiembre de 2017, p. 16

El Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana deberá entregar los estados financieros del Fideicomiso STRMJUB 1181-7 correspondientes al periodo 2000 a 2014, el cual se constituyó con la finalidad de pagar las prestaciones a los familiares de ferrocarrileros jubilados fallecidos, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Proteccion de Datos Personales (Inai).

Al refutar la respuesta de la organización sindical, la cual argumentó no estar obligada a generar o conservar los estados financieros del fideicomiso referido, el Inai estimó que es deber del sindicato contar con esa información, y por lo tanto no puede aducir que no los encontró o que no tiene por qué hacerlo.

“Estos documentos son constitutivos de la operación ordinaria de una institución, como en este caso el sindicato, y entonces no cabe decir ‘a ver si los encuentro’, no, por supuesto que tienen que estar”, afirmó Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Inai.

Durante el desahogo del procedimiento para resolver el recurso interpuesto por un particular que se inconformó con la respuesta, el sindicato aseveró que se trata de un fideicomiso privado que es administrado por Nacional Financiera (Nafin), en calidad de institución fiduciaria, por lo cual no le eran aplicables las obligaciones de transparencia.

Al revisar el caso, se determinó que del fideicomiso salieron recursos para el pago de las prestaciones y se detectó que durante 13 años, Nafin hizo los depósitos correspondientes a 35 mil 753 beneficiarios de 20 mil 682 ferrocarrileros jubilados fallecidos, cuyos montos ascienden a la cantidad de 761 millones 309 mil 221 pesos, por lo que se ordenó al sindicato entregar la información.

Así, se concluyó que el fideicomiso STFRMJUB 1181-7 fue receptor y ejecutor de recursos públicos, por lo que la información relacionada con la gestión de los mismos, en este caso, los estados financieros, deben ser de escrutinio público.