La privatización de uno de los principales centros de atracción de turistas avanza con rapidez. Lo que más se temía hace unos pocos años ya comenzó a ocurrir, asegura Ruth Dávila, abogada que se ha convertido en una de las voces que se oponen al proceso de transferencia de activos públicos a manos privadas.

El proyecto inició hace poco más de una década. La idea de un grupo de empresarios hoteleros, que ahora mantiene relaciones con políticos de Acción Nacional, es construir un tramo carretero de 12 kilómetros entre Cabo San Lucas y San José del Cabo, en Baja California Sur, expone Dávila.

La idea no tendría nada de extraordinaria de no ser porque ahora ya existe una carretera para unir precisamente esos dos puntos. La vía actual –que los empresarios quieren que les sea transferida– corre a un costado de la playa, a metros de la zona marina conocida, entre muchas otras cosas, por el avistamiento de ballenas cada invierno. Y, también, a poca distancia de varios de los hoteles más exclusivos de ese polo.

Varios de los propietarios de esos hoteles esgrimieron en 2015 argumentos de modernización del tramo carretero existente para promover su proyecto. Su idea es trazar uno nuevo, que correría en paralelo a la vía de 12 kilómetros ya existente, para lo que además solicitaron un cambio de uso de suelo en terrenos de la zona para permitir la construcción de más hoteles, relata Dávila, en entrevista con La Jornada en Ciudad de México.

Los promotores originales del proyecto, que la abogada califica de privatizador y con un alto impacto social, son el grupo hotelero Questro, Promotora Cabo Real, Golfo de California Hoteles y Fraccionamientos, Quinta Tres e Inmobiliaria Carisma. Todos ellos, asegura Dávila, ya tienen interés en desarrollos turísticos de la zona, incluidos campos de golf. Y, sobre todo, apunta, mantienen fuertes vínculos y negocios con políticos de Acción Nacional y en especial con la familia del senador por ese partido, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro –quien ocupó el escaño como suplente del actual gobernador Carlos Mendoza Davis.

La abogada María Ruth Dávila Kreusch, durante la entrevista con La Jornada, en un hotel de la Ciudad de MéxicoFoto María Luisa Severiano

Los empresarios que promueven la construcción de un nuevo tramo carretero han solicitado al ayuntamiento de Los Cabos que esos terrenos sean adjudicados a su favor. Para ello, sostiene Dávila, han contado con el respaldo del cuerpo edilicio cabeño y en especial de la síndico Susana Zatarain García, quien ha estado a favor de transferir la propiedad del actual tramo carretero a los empresarios.

Los hoteleros que promueven el proyecto quieren que, una vez construido el nuevo tramo carretero, el actual sea declarado en desuso. Y que les sea entregado su usufructo por el ayuntamiento. Tras su idea de modernizar, entre comillas, el corredor hotelero, lo que buscan es asegurarse el control de las playas y ofrecerlas, como ya lo hacen ahora, para eventos privados. Eso viola la Constitución, dice Dávila.

Hay otro factor en juego. El tramo carretero cuya propiedad los empresarios quieren que les sea transferida fue construido en parte con recursos públicos.

La mitad de los recursos con los que fue construido el actual corredor turístico –el que los empresarios hoteleros promueven que sea declado en desuso y sustituido por uno nuevo– salió de la recaudación de un impuesto, pagado por los cabeños, de 1.3 por ciento a las compras, de acuerdo con el Colegio de Arquitectos de Baja California Sur.

A pesar de que hay tres amparos, las obras ya se están realizando, dice Dávila. Hay un serio peligro. En esta temporada de huracanes, el agua arrastró una agencia automotriz construida en la zona. Esta es una cuestión social, porque la gente que se transporta para ir a trabajar a los hoteles va a ser afectada; las playas van a ser privatizadas y, también, se va a deteriorar el entorno, asegura.