Madrid.

El referendo de independencia de Cataluña, previsto para el próximo primero de octubre, dependerá en gran medida de si los gobiernos de los ayuntamientos de la región deciden respaldar la iniciativa, sobre todo ante las amenazas de Madrid de que podrían acusar de varios delitos a quienes faciliten esa consulta.

De los 948 municipios, 510 ya han dicho que cederán sus espacios para el referendo, pero son, en su mayoría, ciudades y pueblos con poca población, que representan a sólo 37 por ciento del electorado. En Barcelona, donde se concentra algo más de una quinta parte de los habitantes en Cataluña, la decisión aún no está adoptada, pero su alcaldesa, la independiente Ada Colau, solicitó más garantías y provocó nerviosismo en las formaciones independentistas.

La estrategia de llevar a cabo una consulta unilateral de independencia en Cataluña tiene una hoja de ruta, en la que la postura de los principales ayuntamientos de la región es crucial. De sus gobiernos depende la cesión o no de los locales y espacios públicos para celebrar la votación. Por eso el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, con el respaldo del resto de las formaciones independentistas, envió una carta, en la cual solicitó a los ayuntamientos su colaboración y respuesta positiva en menos de 48 horas, con el fin de continuar los pasos para celebrar el referendo, pese a las amenazas y querellas judiciales vertidas desde Madrid tanto mediante el gobierno del derechista Mariano Rajoy como de la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Constitucional (TC).

Aún falta que decidan 438 ayuntamientos, pero lo preocupante es que ahí se concentra más de 60 por ciento de la población, con lo que de no respaldarlo se pondría en riesgo todo el proceso. Desde la aprobación de las leyes de Referendo y Transitoriedad Jurídica –o desconexión–, todas las miradas están puestas en el ayuntamiento de Barcelona, presidido por Colau, ex militante de las plataformas antidesahucios, que tiene el apoyo de un partido nuevo formado en parte por Podemos y la extinta Iniciativa per Cataluña Els-Verds. Por eso se creía que su apoyo sería total, pero no ha sido así.

El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, solicitó más tiempo y garantías para aceptar el proceso, sobre todo ante las interlocutorias del TC y el riesgo que corren instituciones y funcionarios que colaboren en el proceso. Si el Govern tiene pensado continuar con su plan de ruta, tiene que explicarnos qué hacer tras esas nuevas circunstancias. Cuando recibimos la información consultamos al secretario municipal, pero aún no tenemos su informe, aseveró.

Otros ayuntamientos de alta población, todos gobernados por el Partido de los Socialistas de Cataluña, ya anunciaron que no apoyarán el proceso. Éstos son: L’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramanet y Mataró. Se espera que hagan lo mismo los alcaldes de Lleida, Ángel Ros; Tarragona, Josep Félix Ballesteros, y Terrassa, Jordi Balara.

Admite tribunal dos querellas

Además de la suspensión del TC del referendo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidió admitir a trámite las dos querellas presentadas por la Fiscalía Superior de Cataluña: una contra los miembros soberanistas de la mesa del Parlament y otra contra todos los integrantes del gobierno catalán por presunta desobediencia, prevaricación y malversación de fondos. Delito, éste último, que implica penas de prisión por entender que hizo un uso ilegal de fondos públicos.

En tanto, el vocero del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, advirtió que el conflicto político abierto en Cataluña podría derivar en violencia. Esperamos que la sangre no llegue al río y por eso hacemos un llamado a la sociedad catalana para que recurra a la convivencia y a la concordia, que siempre ha mostrado el pueblo catalán, cuya prudencia es conocida. El gobierno actuará con los instrumentos de la democracia, pues cualquier violencia es una restricción a la libertad de las personas, advirtió.

El gobierno español también amenazó a funcionarios, voluntarios y dirigentes políticos que tengan previsto participar en el proceso con que podrían incurrir en uno o varios delitos, al sostener que todos los ciudadanos saben por los medios de comunicación que ese referendo es ilegal.