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México, rumbo a la transición energética justa
Tabaré A. Currás y Santiago Lorenzo*
I

niciamos una nueva era energética, inmersos en un proceso schumpeteriano de destrucción creativa. En el imaginario común, la innovación ya no es sólo algo tecnológico sino un proceso amplio de cocreación ciudadana y de empresas disruptivas. Prácticas actuales, la convención, ya son obsoletas.

La era del carbón –la de la revolución industrial de la máquina de vapor de finales del siglo XIX–, la del petróleo, ésta que vivimos desde principios del siglo XX, o la del gas –esa que algunos vaticinan como la limpia–, será acervo histórico dentro de pocos años. Para sobrevivir, México tendrá que transitar hacia una nueva realidad descarbonizada. Rápidamente y con justicia. Es decir, desprenderse del insostenible y dañino apego a los combustibles fósiles y reconfigurarse a través de una transición energética justa hacia la energía renovable.

La transición energética justa es un proceso social amplio y participativo que busca reconciliar el desarrollo económico con la sostenibilidad energética y la dignidad social, particularmente laboral. Es aquella que responderá a los 3.7 millones de mexicanos1 que hoy viven sin acceso a energía limpia y confiable. Es aquella que resolverá el alto dispendio de ingresos destinados a cubrir necesidades energéticas básicas (electricidad, calor, transporte, etcétera) que sufren los 12.4 millones de hogares en pobreza energética en México2, y que bien podrían utilizarse para costear oportunidades para salir de la penuria. Es aquella que evitará las más de 430 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) que se emiten en México anualmente, producto de la quema de combustibles fósiles3. Y es aquella que asistirá a los más de 50 mil trabajadores que han perdido sus empleos en los estados petroleros de Tabasco, Campeche y Veracruz a adaptarse a una economía sin petróleo.

México tiene que mantenerse competitivo ante un mundo que se descarboniza. Uno donde el capital invertido en infraestructura de petróleo y gas no será recuperado a consecuencia de un mercado con menor demanda o precios bajos de energéticos. Porque, para cumplir los compromisos internacionales de limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados Celsius4, y contemplando la pérdida de competitividad relativa ante las alternativas de las energías renovables, reservas probadas de petróleo, gas y carbón no llegarían a ser explotadas; el riesgo financiero en activos varados al que Pemex estaría expuesto a 2025 alcanza los 77 mil millones de dólares5.

Urge la transición, pues también hay que considerar que 13 por ciento del territorio nacional (319 municipalidades), así como la infraestructura energética que hospeda, es altamente vulnerable al cambio climático6; alrededor de 71 por ciento del producto interno bruto (PIB) de México está expuesto a los impactos del cambio climático7.

La transición energética justa requiere una reorientación esencial de las inversiones en el suministro de energía hacia las renovables y la eficiencia energética. Se deberán utilizar los recursos financieros que hoy día subsidian, directa e indirectamente, a los combustibles fósiles en alternativas mucho más ecológicamente integrales, y evaluar las inversiones en infraestructura de petróleo y gas en el contexto de cambio climático y del mercado energético, interrumpiendo los gastos en la exploración de hidrocarburos. El mercado financiero en México necesita aumentar su conocimiento de las implicaciones del cambio climático; entender los riesgos que representa al sector, los físicos, de transición y de responsabilidad legal8. La estabilidad financiera está en juego.

La banca se beneficiará al cambiar prácticas y estar en mejores condiciones de tomar las decisiones para invertir en activos y actividades alternativas que nos conduzcan a sociedades con baja emisión de carbono y resilientes al clima. Mismas que serán más competitivas en el futuro que viene. Debemos abordar los obstáculos existentes para invertir en energía renovable y su cadena de valor para consolidarlos en activos confiables para el futuro.

México puede beneficiarse de una economía basada en energía renovable y descarbonizada. Por tanto, es necesario integrar todas las oportunidades socioeconómicas entre las partes interesadas, catalizando el diálogo y la colaboración para crear valor real y obtener los máximos beneficios, mitigando los costos al corto plazo que, sin duda, existen.

Los derechos humanos y laborales durante un proceso de transición y los resultados deben ser el núcleo de cualquier transición energética. Especialmente los derechos de los trabajadores y las comunidades, cuyos medios de subsistencia dependen de los recursos de combustibles fósiles. Para conciliar la transición energética sostenible y el acceso al trabajo decente y de calidad, se debe crear un entorno propicio para que empresas sostenibles prosperen y creen empleos dignos a la par que se generan ingresos tributarios.

Acelerar estas inversiones mejorará la posición de México en los mercados energéticos del futuro. Es necesario construir nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio y nuevas cadenas de valor en el país para enfrentar un futuro ineludible. Estas inversiones también requieren fortalecer nuestra capacidad de resiliencia al hacer que todos los proyectos de infraestructura de energía renovable observen salvaguardas ambientales y sociales sólidas. Las inversiones en el suministro de energía determinarán la energía que México tendrá en el futuro. Asegurar que las instituciones financieras, sus políticas, sus prácticas y sus instrumentos circunden correctamente el desafío de la transición energética es de extrema relevancia.

* Director Regional Política Energética Sostenible, World Wildlife Fund (WWF) América Latina y El Caribe, y coordinador de Finanzas en Clima y Energía, WWF México, respectivamente.

1. REN21, 2017, Reporte del Estado Global de las Renovables 2017, París.

2. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2014, Pobreza energética en América Latina, Santiago de Chile.

3. International Energy Agency (IEA), 2016, Emisiones de CO2 Asociadas a la Quema de Combustibles Fósiles, París.

4. United Nations Framework Convention on Climate Change, 2015, Acuerdo de París, París.

5. Carbon Tracker, 2015. La zona de peligro de varamiento de los $2 billones: cómo firmas de combustibles fósiles arriesgan destruir los retornos de los inversionistas, Londres.

6. IEA, 2016, Prospectiva Energética México 2016. Reporte Espacial Prospectiva Energética Mundial, París.

7. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales/ Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2016. Análisis de metodologías, variables, requerimientos y justificación del enfoque y modelo para la estimación de los costos económicos del cambio climático.

8. Consejo de Estabilidad Financiera, 2017. Equipo de Trabajo en Informaciones Financieras Relativas al Clima, disponible en www.fsb-tcfd.org/