Las iniciativas del PRI y del denominado Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y MC) para suprimir el financiamiento público a los partidos y volver al esquema de aportaciones privadas buscan que éstas sean suficientes para la operación ordinaria y las campañas.

Se trata de un esquema que fue suprimido en las reformas constitucional en materia electoral de 1996 y la legal de 1997, cuando los actores políticos buscaron consolidar una democracia sin tacha. Incluso, cuando se logró el acuerdo para la reforma de 1996, Ernesto Zedillo, el entonces presidente, afirmó que con ello se permitiría erradicar las sospechas que puedan empañar los comicios.

La historia de aquel cambio en la ley, que se buscó fuera definitivo, comenzó el 7 de enero de 1995 con la firma, en Los Pinos, del Acuerdo Político Nacional que suscribieron PRI, PAN, PRD y PT. En aquella ceremonia, en el salón Adolfo López Mateos, Zedillo sostuvo:

“La reforma del poder que México reclama debe erradicar suspicacias y recriminaciones que empañan los procesos electorales… seguramente en la reforma definitiva se abordarán todos los temas que han sido motivo de inconformidad. Entre ellos, atenderse el financiamiento a los partidos políticos y los topes a los gastos de campaña”.

En la misma reunión, el entonces presidente del PRD, Porfirio Muñoz Ledo, destacó que uno de los objetos de la modificación a la norma era la proscripción efectiva del uso de recursos y programas públicos en favor de cualquier partido, así como la austeridad, limitación verificable y proporcionalidad de los gastos de campaña.

Las negociaciones entre los institutos políticos y el gobierno federal se llevaron 19 meses.

El acuerdo se firmó en Palacio Nacional el 25 de julio de 1996, donde Zedillo sostuvo que a partir de entonces las elecciones se realizarían bajo normas y por instituciones que aseguren legalidad y transparencia.

La Cámara de Diputados y después el Senado aprobaron los cambios a la Constitución prácticamente en consenso. En San Lázaro, la sesión se realizó el 31 de agosto, donde el PRI reveló su oposición al proyecto, que limitó a 8 por ciento la sobrerrepresentación en la Cámara, de la que hasta entonces gozaba el tricolor. La reforma, dijo en la tribuna Jorge Moreno Collado se hizo a costa del grupo priísta.

Al año siguiente, el Congreso aprobó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y definió un financiamiento público de 90 por ciento para las actividades ordinarias de los partidos y campañas, y el resto privado.