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Desigualdad, salarios y TLCAN
E

l FMI acaba de publicar su Monitor Fiscal, que presenta un estudio relevante sobre la desigualdad en el mundo y la manera en la que puede mitigarse mediante la política fiscal. Un primer dato de interés es que a nivel global la desigualdad ha disminuido, como consecuencia del importante crecimiento del ingreso nacional de China e India. Dentro de los países la desigualdad presenta imágenes distintas: ha aumentado en el grupo de países desarrollados, mientras en muchos de los países restantes la situación ha mejorado. América Latina, pese a haber reducido su desigualdad, sigue siendo la región más desigual del mundo.

Por supuesto la desigualdad es producto del funcionamiento de una economía de mercado. Pero lo que ha venido ocurriendo es que las reformas neoliberales han producido mayor desigualdad. La investigación económica ha demostrado que esta excesiva desigualdad destruye la cohesión social, genera problemas políticos y, además, disminuye el crecimiento económico. El FMI se pregunta en el estudio aludido: ¿cuándo la desigualdad es excesiva? Una respuesta posible está en las diferencias en el ingreso per cápita entre países. Particularmente entre países vecinos.

México, Estados Unidos y Canadá, al firmar el TLCAN hace más de dos décadas, se propusieron, entre otras cosas, lograr un proceso de convergencia salarial y de los niveles de bienestar. Como bien sabemos no sólo no ocurrió, sino que se amplió la brecha entre los salarios de los trabajadores mexicanos respecto de los canadienses y más aún respecto de los estadunidenses. Esta diferencia, para quienes han gobernado nuestro país desde la firma del TLCAN, se convirtió en una ventaja competitiva. De manera que para el gobierno de México el objetivo de convergencia salarial y, a partir de él, de convergencia en el bienestar se abandonó, castigando a los trabajadores en aras de la competitividad.

La insistencia de nuestros socios comerciales para acordar medidas concretas que permitan disminuir la brecha salarial, es parte relevante de la renegociación en curso del TLCAN. Se trata de un reclamo que surge de grupos sindicales de los tres países, así como de representaciones sociales diversas. Este punto no puede considerarse de la misma manera que algunos otros temas planteados por el gobierno estadunidense que violan flagrantemente las estructuras básicas del libre comercio. Responder a la demanda de aumentar los salarios, y en consecuencia disminuir la desigualdad, como lo han hecho grupos empresariales mexicanos, con declaratorias de improcedencia resulta vergonzoso. El gobierno mexicano y el grupo de negociadores del TLCAN cuentan con un tema en el cual es posible, y verdaderamente deseable, comprometer mejoras salariales.

Una parte sustancial de la explicación de la desigualdad mexicana se localiza en los niveles salariales existentes. El salario mínimo es notoriamente insuficiente para que una familia cubra sus necesidades básicas. La economía mexicana tiene que romper el círculo vicioso de los bajos salarios. Instalar un proceso de recuperación de las remuneraciones, en todos los estratos salariales, permitiría dinamizar el mercado interno, generando la posibilidad de un proceso más vigoroso de crecimiento económico y, por supuesto, se abatiría una buena parte de la desigualdad.

Junto con este proceso de recuperación salarial, la política fiscal podría constituirse en un poderoso instrumento redistributivo. El Monitor Fiscal del FMI muestra que en los países avanzados la política fiscal reduce en más de un tercio la desigualdad de los ingresos. En cambio, en los países emergentes y en desarrollo la política fiscal sólo logra una reducción de menos de 10 por ciento. Es aceptado que usar la política fiscal para disminuir la desigualdad empieza con impuestos que graven progresivamente los ingresos.

A nivel global la progresividad tributaria ha disminuido desde 62 por ciento a los ingresos más altos para situarse en 35 por ciento en 2015. Se reconoce que es posible aumentar la progresividad sin afectar el crecimiento. En México hay posibilidades económicas claras para hacer más progresivos los impuestos. Lo que no ha habido es voluntad política para hacerlo. Volver a plantearlo es oportuno y necesario.