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Suman ya 55 denuncias penales contra esa administración

Asciende a 42 mil 615 mdp el monto de irregularidades en el gobierno de Duarte
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Duarte de Ochoa, el 19 de abril en GuatemalaFoto Víctor Camacho
Alonso Urrutia
 
Periódico La Jornada
Jueves 2 de noviembre de 2017, p. 3

Con la presentación del resultado de las auditorías realizadas al último año de gestión de Javier Duarte de Ochoa como gobernador de Veracruz, el monto total de irregularidades dado a conocer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suma hasta ahora –a la espera del último paquete– 42 mil 615 millones de pesos en sus seis años de gobierno. De esa cifra, solamente las observaciones relacionadas con la Cuenta Pública de 2016, que abarcan 13 mil 500 millones de pesos, aún se encuentran en periodo de solventación.

A consecuencia de las diversas actuaciones relacionadas por la ASF para fiscalizar el gasto ejercido en Veracruz, durante el mes de octubre este órgano formalizó tres denuncias de hechos más ante la Procuraduría General de la República (PGR), correspondientes a las cuentas públicas de 2014 y 2015, con lo que suman ya 55 denuncias en contra de la administración de Duarte.

De las nueve auditorías practicadas en este segundo paquete relacionado con la Cuenta Pública 2016, sobresale la transferencia de recursos por concepto de las participaciones federales que le correspondían a Veracruz: de los 27 mil millones de pesos que le fueron asignados, en casi 6 mil 500 millones el Ejecutivo estatal no acreditó el ejercicio del gasto.

‘‘Los objetivos de las participaciones federales se cumplieron de manera marginal, ya que el gobierno del estado de Veracruz no presentó documentación comprobatoria ni justificativa del gasto por 6 mil 543 millones de pesos (31.4 por ciento de la muestra auditada). Además, se pagaron sueldos que excedieron los tabuladores autorizados por 75.9 millones.

Cabe señalar que, con las reformas legales, en la Cuenta Pública de 2016 es apenas el primer año en el que la ASF tiene facultades para auditar las partidas asignadas por participaciones federales, por lo que las irregularidades detectadas en las cuentas públicas de 2011 a 2015 únicamente abarcan los recursos transferidos a Veracruz por medio de los programas federalizados.

La detección de anomalías en la administración de Duarte creció de manera exponencial entre el primer y sexto años de su gestión. En 2011, la ASF realizó observaciones por 300 millones de pesos; en 2012, 543 millones; 2013, 6 mil 689; 2014, 11 mil 539; 2015, 10 mil y, hasta ahora, en 2016, 13 mil 500 millones de pesos.

En ese periodo, la Auditoría Superior identificó irregularidades por 59 mil millones de pesos, de los cuales, el gobierno de Veracruz sólo ha podido acreditar 17 mil millones. Es decir, 71 por ciento de las anomalías que ha encontrado la ASF no han podido ser justificadas, las cuales involucran programas de financiamiento federalizado contra la pobreza, la inseguridad –en uno de los estados más violentos–, educación pública y salud, entre otros.

En el desagregado de la auditoría practicada a las participaciones federales en 2016, la Auditoría Superior refiere que el gobierno de Veracruz ‘‘no presentó la documentación comprobatoria de los subsidios a organismos descentralizados, autónomos y otras ayudas por 5 mil 354 millones de pesos’’. Por ello, el órgano fiscalizador solicita a la Contraloría General del estado realice las investigaciones correspondientes relacionadas con los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, no actualizaron ni identificaron ni controlaron los registros contables y presupuestales de las participaciones federales.

Otras inconsistencias en el ejercicio del gasto del gobierno veracruzano, señaladas por la ASF, involucran la retención de recursos que correspondían a diversos programas administrados por los gobiernos estatales, que no fueron transferidos; entrega extemporánea de recursos correspondientes a los 212 ayuntamientos veracruzanos, contemplados en las participaciones federales; irregularidades entre el impuesto sobre la renta retenido y lo reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.