El Senado de la República pidió al Ejecutivo federal que reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para garantizar que familiares, sus representantes y personas que tengan interés legítimo en saber qué ocurrió, tengan acceso inmediato a los mecanismos nacionales e internacionales para establecer la verdad sobre ese hecho.

La Comisión de Derechos Humanos del Senado destaca en su dictamen, que México firmó la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, pero con reservas a los artículos 31 y 32, para no reconocer la competencia del comité de la ONU.

Ello, debido a que dicho comité fue instituido para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por las víctimas, sus familiares o representantes. Estas reservas del Estado mexicano, además de atentar contra el adecuado cumplimiento de las disposiciones y fines de la convención, ponen en duda el verdadero compromiso del gobierno mexicano en materia de lucha contra el delito de desaparición forzada y, por ende, en contra del olvido y la impunidad.

La presidenta de la comisión, Angélica de la Peña (PRD), presentó un punto de acuerdo para solicitar al titular del Ejecutivo federal que retire las reservas a la convención y reconozca la competencia del comité de la ONU.

El dictamen destaca que el pasado 30 de agosto la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos lanzó la campaña Defendamos hoy los derechos de las personas desaparecidas, e invitó a la ciudadanía a sumarse al llamado que se hizo al Estado mexicano para que acepte la competencia del comité.

Explica que ese día, Jan Jarab, representante del organismo de la ONU, dijo que han pasado ocho años desde que el Estado mexicano ratificó la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, y actualmente hay más de 30 mil desaparecidos en el país.

También destaca que en la Segunda evaluación del Estado mexicano ante el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en octubre de 2014, una de las recomendaciones fue que México se someta a la jurisdicción del comité.