Todo lo que hacen (las autoridades) tiene que ser a empujones de los familiares, lamenta Leticia Hidalgo, madre de Roy Rivera, sustraído violentamente de su casa en 2011 por un grupo de delincuentes.

Casi siete años después de que le arrebataran de las manos a su hijo, entonces de 18 años de edad, el expediente del caso de Roy está integrado por 14 carpetas, pero no hay ningún resultado que permita esclarecer el paradero del joven y, sobre todo, quiénes fueron los responsables del hecho en el que participaron policías municipales, coludidos con criminales.

Pero ni ella ni otros familiares de desaparecidos bajan la guardia. A través de colectivos lograron que especialistas de los gobiernos federal y de Nuevo León tomen muestras genéticas para avanzar hacia la exhumación de cuerpos actualmente enterrados en fosas comunes.

En 2015, cuenta Leticia, autoridades locales dijeron a integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León (Funden) que había más de mil cuerpos no identificados en varios terrenos municipales, tanto predios habilitados para este fin como en panteones municipales.

Muchos años después de la peor crisis de violencia en Nuevo León (en 2011 hubo más de 2 mil homicidios y medio centenar de secuestros tan sólo en esa entidad), la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Comisión de Atención a Víctimas y la Procuraduría General de Justicia de esa entidad harán una jornada de toma de muestras para identificación durante la semana próxima en ocho municipios: General Escobedo, Cerralvo, Monterrey, Cadereyta Jiménez, Sabinas Hidalgo, China, Montemorelos y Galeana.

¿Tienes un familiar desaparecido? Asiste, la toma de muestras es gratuita, se lee en el cartel alusivo a esta acción que debería significar, señalan afectados de hechos delictivos, la antesala de la etapa de identificación de restos humanos.

En el país hay más de 33 mil personas no localizadas, y Nuevo León, junto con Tamaulipas, Veracruz y Jalisco, son las entidades con mayor número de casos. Tan sólo en la primera entidad hay 2 mil 567 por esclarecer.

En diversos testimonios difundidos por Funden, la constante es que los familiares tienen que hacer todo por su cuenta, incluida la tarea de investigar y recabar pistas, desde el aprendizaje instintivo hasta la capacitación formal en investigación policial.

“Ya tenemos tiempo solicitando que se hiciera esta campaña; queremos una difusión efectiva en medios de comunicación para que vayan todos los que tienen familiares desaparecidos y dejen muestras de ADN. Muchos de quienes buscan a sus seres queridos no lo han hecho o en otros casos sólo ha sido la mamá.

En aquellos años en que hubo más desapariciones, como 2008 y 2009, creemos que no se aplicaron los protocolos necesarios para recabar las muestras de ADN. A nosotros desde 2015 nos han dicho que tienen más de mil cuerpos sin identificar en sus fosas comunes, en las del estado. Y no habían hecho absolutamente nada para entregar esos cuerpos a las familias. La respuesta que nos han dado, terrible, es que son migrantes, relató Leticia.

Pendiente, promulgar ley

Por otro lado, grupos como Funden lamentan la dilación y negligencia para la promulgación de la Ley de Desaparición Forzada, aprobada el mes pasado en el Congreso de la Unión.

La promulgación es sustancial para la entrada en vigor de esta norma.

Es necesario que asignen un presupuesto específico para la operación de la ley, precisó Leticia Hidalgo.

Al respecto, funcionarios consultados dijeron que avanzan los análisis y gestiones con la Secretaría de Hacienda para que la nueva norma tenga un sustento real en materia de presupuesto, especialmente para construir el sistema nacional de búsqueda.

La previsión es que sea promulgada la tercera semana de noviembre.