El Partido del Trabajo (PT) denunció que el PRI cambió ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) las acusaciones que hizo en su contra por presunto lavado de dinero, delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo con los 100 millones de pesos destinados a Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) de Nuevo León, por supuestos delitos electorales.

Integrantes de la coordinadora nacional, encabezados por Alberto Anaya, señalaron ayer en conferencia de prensa que los culpan de haber utilizado los recursos los Cendis, entregados en enero de 2017, en la elección extraordinaria del distrito I de Aguascalientes, de hace dos años, en la época en que el Instituto Nacional Electoral (INE) intervino sus cuentas, por la presunción de pérdida de registro.

Anaya señaló que PRI y gobierno les fabrican delitos con la intención de congelar sus prerrogativas y dejarlos fuera de la elección de 2018, en la que se aliarán con Morena y Andrés Manuel López Obrador.

Afirmó que quieren acusarlos, además, de que utilizan con fines comerciales los distintos medios de impresión con que cuentan, a pesar de que las facturas correspondientes las presentaron ante el INE. No hay manera de tipificar delitos contra la dirigencia del PT, aseguró.

Hemos demostrado, dijo, que la acusación original, en la que se señala a su esposa, Guadalupe Rodríguez, como responsable, no tiene sustento, y tampoco la interpuesta ante la Fepade, porque el ejercicio de 2015 se cerró: es cosa juzgada.

Manifestó que se quiere utilizar a la Procuraduría General de la República como instrumento de persecución, de chantaje y de represión sobre los partidos de la oposición y sus dirigentes.

Oscar González, líder petista en el estado de México, aseguró que se trata de una persecución política del gobierno y el PRI para debilitar a la coalición con Morena.

Los petistas mencionaron que por estatutos, el manejo de las prerrogativas está a cargo de una comisión de finanzas, en la que ningún miembro de la comisión nacional puede participar.